“Las autonomías provinciales son de los pueblos y para los pueblos y no para los gobiernos”. D. Hipólito Irigoyen.
Alejandro Gonzalo García Garro.
La
frase del epígrafe que encabeza esta sección en el lenguaje de los hechos
significará que D. Hipólito Yrigoyen se disponía a intervenir todas las
provincias que permanecían en manos de los gobernantes del régimen oligárquico
que habían accedido al poder por medio del fraude.
La
solución de las situaciones provinciales por medio de las intervenciones
constituía una vieja reivindicación partidaria. Recordemos que estando el
radicalísimo en el llano, en tiempos de intransigencia y abstención, Yrigoyen
le había solicitado primero a Figueroa Alcorta en 1907 (ver capítulo 17) y
luego a Sáenz Peña en 1910 (ver capítulo 18), que se interviniesen las 14
provincias para “ponerlas en condiciones electorales”.
Ambos
mandatarios se negaron a tomar semejante medida argumentando la
inconstitucionalidad de la misma ya que, de acuerdo a la Constitución de 1853,
solamente se podía intervenir una provincia para sostener sus autoridades o
reponerlas en caso de que hayan sido depuestas por alguna maniobra de sedición.
Pero
ahora Yrigoyen era Presidente y debía cumplir su misión reparadora. No tuvo en
este tema preocupaciones legales ni escuchó los argumentos sobre las autonomías
federales. Pero como los conservadores mantenían las mayorías en el Congreso,
Yrigoyen comenzó con las intervenciones “reparadoras” a través de decretos
presidenciales o sino por Ley del Congreso en los casos que se los permitieran.
El
objetivo de Yrigoyen no era una intervención partidista que sacara los
conservadores para sustituirlos por interventores radicales, al menos este fue
su propósito inicial. Por regla, el interventor sería un magistrado o un ex
magistrado de intachable conducta o incluso un opositor de reconocida
ecuanimidad. La función de los interventores será presidir y supervisar los
comicios, evitar el fraude y entregar el gobierno a quien ganara las
elecciones.
Las
intervenciones se mandaban durante el receso legislativo con desesperación de
los constitucionalistas del gobierno ya que era un procedimiento que atentaba
la división de poderes.
La
primera intervención, en abril de 1917, fue la de la Provincia de Buenos Aires,
poniendo así un irreversible final a la carrera política del temible Marcelino
Ugarte, alias “el petiso orejudo”,
amo y señor del más importante baluarte electoral de la República. Por
supuesto, que al abrirse las sesiones en diputados se oyeron todas las voces
condenatorias. Socialistas, conservadores y demócratas progresistas defendían
fervientemente un gobierno como el de Marcelino Ugarte que no tenía parangón en
la historia por su grado de corrupción. Se trató en diputados, un proyecto
desaprobando la intervención, pero el Senado, prudentemente, no le dio curso
porque se había corrido el rumor que Yrigoyen disolvería el Congreso y no era
el caso de perder sus bancas y desperdiciar todos los negocios que éstas
implicaban. El interventor designado fue un radical, José Luis Cantilo. La
excepción de ser un hombre de partido estaba fundada en que el interventor
debía remover toda la plana mayor de la policía bonaerense y la totalidad de
los intendentes locales.
Luego
de intervenir Buenos Aires vino una andanada: Mendoza, Catamarca, Corrientes,
La Rioja, San Luis, San Juan, Tucumán y Entre Ríos que estaban en poder de los
hombres del régimen. En muchos casos
significaba destituir gobiernos desprestigiados ante la mirada
complaciente de la ciudadanía local para entregarlos en su mayoría al ala
“azul” del radicalismo, tal el caso de Entre Ríos que pasó a manos de los
Laurencena. Para fines de noviembre de 1919 la causa de las reparaciones
provinciales estaba concluida y todas las provincias eran gobernadas por
autoridades elegidas en comicios libres y transparentes.
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