Repudio a la detención de Milagro Sala y a la criminalización de la protesta social

Milagro Sala detenida.

Deseo expresar mi enérgico repudio a la detención de Milagro Sala efectuada por la Justicia de la provincia Jujuy, del mismo modo que repudio los argumentos vertidos por el gobernador Morales justificando la detención.

Resulta políticamente absurda y contraria a derecho la detención de Sala en base a "acumulación de causas", al igual que por lo esgrimido por el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, quien denunció a Sala por los delitos de instigación a cometer ilícitos y alzarse contra los actos de gobierno (artículos 209 y 230 inciso 2 del Código Penal), en respuesta al acampe llevado adelante por la organización social Tupac Amaru en la en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. Sólo en base a esto, por pedido de la fiscal Liliana Fernández, el juez de feria Raúl Gutiérrez la acusó por los delitos de instigación a cometer ilícitos y alzarse contra los actos de gobierno del radical Gerardo Morales.

No pretendo aquí defender a la Tupac Amaru o a la propia Milagro Sala de las acusaciones en su contra, ni de sus actividades políticas y sociales, creo que ni siquiera viene al caso ni tiene sentido en este momento ante la gravedad de la detención arbitraria. En plena democracia, en orden de las reglas del Estado de Derecho y la plena vigencia de las garantías constitucionales nada puede justificar una detención sin motivos, que evidentemente sólo constituye una persecución de carácter político.

La absurdidad y arbitrariedad de la detención de Sala se hace evidente cuando el fiscal de Estado jujeño argumenta que la dirigenta de la Tupac Amaru fue detenida por presunta "instigación a cometer ilícitos" y "el delito de tumulto al haberse alzado en contra de decisiones gubernamentales". ¿Dónde queda el derecho a la protesta social, piedra angular de la democracia, con la lectura que hace el gobierno jujeño? ¿Quién tiene la vara para medir cuando es un delito o no un reclamo a las autoridades? Esto es peligroso además por la vaguedad de las imputaciones penales, que puede derivar en una aplicación ilegítima del derecho penal que siempre es una practica antidemocrática.

Ahora, ¿cuál es el delito de un acampe en una plaza pública? Y si existe una violación a una normativa de cualquier índole, ¿por qué no ir por el camino adecuado y pedir la orden judicial para desalojarlos? Las razones vertidas a la prensa son de carácter político, denuncias sobre otros temas que nada tienen que ver con argumentos para justificar la detención puntual aquí repudiada. Todas las respuestas parecen traslucir la idea de un "delito" inventado.

La persecución política resulta inadmisible en este tiempo histórico. Es la criminalización de la protesta social, la negación del derecho al disenso y la obliteración de una parte sustancial de la política. Es, en esencia, algo muy peligroso para la democracia argentina.

Si Milagro Sala tiene que dar respuesta a la Justicia por malversación de fondos públicos, extorsión, prácticas clientelares ilícitas o cualquiera de las tantas denuncias que por la prensa sabemos que le han hecho, lo correcto es que lo haga en un proceso judicial que garantice sus derechos constitucionales, que sea transparente e imparcial. Pero ni siquiera existen procesos penales avanzados, no existe ninguna sentencia en su contra. Nada, en el marco actual, justifica detenerla, por cualquier motivo que sea, mucho menos porque sea una dirigenta opositora al gobernador de su provincia.

Gerardo Morales fue uno de los dirigentes de una oposición que se rasgó las vestiduras en defensa de la pluralidad y la tolerancia repudiando la persecución política que le endilgaban a Cristina F. de Kirchner y se indignaban en nombre del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela por la detención de opositores. Ahora, contradictoriamente, parece implementar las políticas que tanto criticaba. Pero el problema no es la incoherencia de un político, el problema aquí es la violación de garantías constitucionales que hacen a la esencia y la integridad del ser humano, lo grave aquí es la criminalización de la protesta social.