Repudiamos la feroz represión del gobierno de Gerardo Morales al pueblo de Jujuy. A 40 años del reinicio de la Democracia en el país rechazamos en todo concepto la violación de los DDHH del pueblo de la provincia hermana y el cercenamiento del derecho de libertad de expresión y el derecho de protesta social.Este ensayo de prácticas autoritarias del gobierno provincial de la UCR representa un accionar de enorme peligrosidad que aspirar a servir de muestra de una futura política del gobierno nacional de Juntos por el Cambio que es de fuerte ajuste económico, precarización laboral y perdida de derechos, la que solo cierra políticamente con represión a la protesta social.
La violación manifiesta a los DDHH en Jujuy ya es motivo de repudio en el plano internacional. Se han manifestado con enorme preocupación, rechazando los episodios acaecidos, desde ong´s internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, al igual que organismos gubernamentales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nos sumamos a la enorme cantidad de voces que llaman al cese de la violencia institucional del Estado provincial jujeño.
Sobre la reforma de la Constitución de Jujuy entendemos que, en los puntos conflictivos, es un engendro regresivo en materia de derechos, manifiestamente inconstitucional. Se pretende limitar derechos humanos con jerarquía constitucional, tanto por la inclusión en carta magna argentina como por la incorporación constitucional mediante el art. 75 inc. 22 de la Constitución Argentina, con disposiciones provinciales que están en directa contradicción.
En este sentido, las limitaciones a los cortes de ruta o reglamentaciones al derecho de libertad de expresión o el derecho a protesta son groseramente inconstitucionales e incluso inconvencionales, ya que violan también el sistema protectorio de DDHH establecido por el Pacto de San José de Costa Rica. Se pretende sancionar conductas que son derechos institucionalizados en la Argentina como el derecho a la protesta y de huelga.
Otro factor de sustancial retroceso en materia de DDHH fueron las reformas que se pretendieron incorporar relativa a los pueblos originarios. Las disposiciones que aspiraban a someter el reconocimiento y su rol a las autoridades del gobierno de Morales eran también inconstitucionales, de una arbitrariedad manifiesta, que nos remonta a ordenamientos jurídicos primitivos e inviables en una democracia plena. En una medida que demuestra el personalismo de este proceso, el gobernador ordenó que dos artículos de la reforma se saquen por el inocultable rechazo social que generaban.
Pero aún subsiste una norma polémica relativa a las tierras fiscales que colisiona con los derechos de los pueblos originarios de Jujuy. Detrás de estas iniciativas se hace evidente que se encuentra una intención de centralizar el manejo de la explotación del litio con pautas ajenas a la preservación del derecho al ambiente, violatorias de los derechos de comunidades originarias y carentes de criterios democráticos, y por en un desprecio manifiesto al cuidado y protección de los recursos naturales y de la soberanía política y económica de la Argentina.
El gobernador de la UCR y de Juntos por el Cambio impulsó y aprobó su reforma constitucional a espaldas del pueblo y ante la protesta social avanzó con una represión feroz. Pero el malestar social viene de antes y se vincula, entre muchos abusos autoritarios del gobierno provincial, con los salarios indignos que paga la gestión jujeña a miles de trabajadores y trabajadoras, y con la criminalización y persecución política de los dirigentes sociales y sindicales de la provincia, queriendo aleccionar al pueblo de la peor manera. Morales también realizó practicas anti republicanas copando y cooptando la Justica provincial con actores políticos, familiares y personas de su confianza personal en los cargos más importantes.
Gerardo Morales es la misma la derecha que vivimos en esta provincia con Sergio Montiel, la que criminalizó la protesta social en el medio de la peor crisis social y política que vivió nuestra provincia desde el retorno de la democracia, la que nos dejó pobreza y bonos federales y el trágico e inolvidable recuerdo de tres muertos en los días negros de diciembre de 2001 en Paraná.
Si la agenda de Juntos por el Cambio es atacar la Constitución Nacional y violar los Derechos Humanos debemos expresarnos en repudio a su accionar y en favor de una sociedad más justa, democrática y con plena vigencia de los DDHH.
Documento del Ateneo Arturo Sampay de Entre Ríos
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