El mes de junio en el calendario peronista es un mes de ejercicio de la memoria y recuerdo de tragedias luctuosas. Así, la Masacre de la Plaza de Mayo perpetrada con el infame bombardeo del 16 de junio de 1955 al igual que los Fusilamientos de José León Suárez, ejecutados a partir del 9 de junio de 1956, son episodios incorporados a la memoria colectiva de los argentinos y argentinas que constituyen hitos en las luchas populares y la resistencia colectiva al Terrorismo, a los Golpes de Estado y las políticas que afectaban a las mayorías.
En el Tratado de Derecho Constitucional de Horacio Rosatti (a mi humilde entender el mejor material de estudio introductorio al Derecho Constitucional Argentino que existe) hay un interesante abordaje del tema de la Ley Marcial y la Proscripción del peronismo, el cual aquí tomo como base para la nota.
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| El Almirante Issac Rojas y Pedro Eugenio Aramburu. |
Lo especialmente destacable de la obra de Rosatti para quienes nos gusta el Derecho Constitucional es que en ella se puede leer referencias a los Fusilamientos de León Suárez, al igual que la proscripción del peronismo y otros pasajes de la historia nacional que son omitidos por parte sustancial de la biblioteca "oficial" del Derecho Constitucional, la cual es cercana, muchas veces, a posturas políticamente conservadoras y económicamente liberales.
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| Libros de Rosatti de mi biblioteca. En primer plano el Tratado al que hago referencia aquí. |
De su obra se destaca la solvencia académica, la mirada multidisciplinaria, el sentido popular y las convicciones ideológicas que parecen estar mucho más allá de cuestiones partidarias o corporativas.
Acá volvemos a los Fusilamientos de José León Suárez y la
Proscripción del peronismo….
Escribe: Alejandro Gonzalo García Garro
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“El peronismo se ha
llenado de mártires y entre ellos no hay un solo hombre que, como nuestros
enemigos, pueda ser tildado de asesino con fundamento, como podemos llamarlos a
ellos con razón. La sangre generosa de estos compañeros caídos por la infamia
“libertadora” será siempre el pedestal de Abel, que los seguirá hasta su tumba,
llenándolos de remordimiento y de vergüenza”. Juan
Domingo Perón, “La fuerza es el
derecho de las Bestias”.
Breves noticias sobre
el momento histórico
El 16 de septiembre de 1955, con
el Golpe de Estado a Perón, comenzaba una de las etapas más difíciles y
complejas para la Argentina institucional en general, y para los sectores
populares en particular. La Revolución Libertadora daba comienzo a un ciclo de
18 años de proscripción del peronismo, persecuciones, asesinato de militantes,
exilios y resistencia civil.
El general Eduardo Lonardi,
cercano a los sectores nacionalistas y católicos, asumió como presidente de la
Nación, en tanto que el almirante Isaac Rojas, más próximo a los grupos
liberales oligárquicos y más antiperonistas, se constituyó en vicepresidente.
Lonardi proclamó, como Urquiza un siglo antes, que no habría “ni vencedores ni vencidos” e intentó establecer
algunos acuerdos con los dirigentes sindicales. La intención era mantener
algunas medidas nacionalistas del peronismo, pero sin Perón. Como por ejemplo,
la CGT quedó en manos de Andrés Framini y Luis Natalini y se comprometió con el
gobierno a realizar elecciones en todos los sindicatos.
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| Rojas y Aramburu. |
La tregua duró poco: a mediados de octubre de 1955 los Comandos Civiles atacaron los locales sindicales y los tomaron a punta de pistola. El sector oligárquico-liberal de la dictadura presionó y obtuvo la intervención de la CGT. Los gremios llamaron a la primera huelga para el 2 de noviembre y el gobierno detuvo a sus dirigentes. El 13 de noviembre los sectores más reaccionarios destituyeron a Lonardi para poder “desperonizar” al país. Asumió la presidencia el general Pedro Eugenio Aramburu, y continuó como Vicepresidente el almirante Rojas. Con Aramburu y Rojas se terminaban las posibles ambigüedades.
En lo económico, el gobierno
militar invitó al país al Dr. Raúl Prebisch, secretario ejecutivo de la CEPAL
(Comisión Económica de América Latina) para que elaborara un diagnostico sobre
la situación económica. El informe fue entregado unas semanas después. Arturo
Jauretche salió a responderle y publicó un libro denominado “Plan Prebisch,
Retorno al coloniaje” donde refutó toda la información del secretario de la
CEPAL.
La Proscripción como muerte política
Ya no hubo más contemplación
hacia el peronismo con Aramburu y Rojas. Se intervino la CGT y todos los sindicatos
de base, se inhabilitaron más de 150.000 delegados de fábricas y se
encarcelaron cientos de dirigentes justicialistas. El país fue una gran cárcel
y se crearon verdaderas comisiones especiales para detectar todos los “crímenes”
peronistas. Se derogó la Constitución del 1949 y se declaró vigente la de 1853.
El general Aramburu ordenó robar el cadáver de Evita del local de la CGT y lo
hizo desaparecer por mas de 15 años.
Aramburu y Rojas avanzaron en la
represión. Se firmó el Decreto N° 4161 que prohibió el funcionamiento del Partido
Peronista y toda exhibición de símbolos referidos al peronismo. Se ordenó la
disolución de la Fundación Eva Perón y se quemaron toneladas de vestimentas,
ropa de cama, instrumentos quirúrgicos y todo lo que llevara el sello de la
Fundación, incluso pulmotores que hubieran sido útiles en momentos en que se
padecía una epidemia de poliomielitis en Buenos Aires.
Lógicamente, desde el Derecho Constitucional
entendemos que dentro de las distintas formas de manifestación política se
inscribe la de pertenecer a un Partido, identificarse con una Doctrina e Ideología,
al igual que expresar dicha pertenencia mediante una simbología y liturgia
especifica. Sostiene Rosatti que “cuando
se niega arbitrariamente el derecho a la identidad política a una persona (o
grupo de personas), proscribiendo al partido o movimiento al que adhiere(n), se
la (los) condena a la muerte política”.
Describiendo las implicancias jurídicas que la situación tendría en el
actual sistema constitucional Rosatti dice:
“La muerte política, que conlleva
la imposibilidad de ejercer los derechos de asociación, de reunión, de
petición, y los electorales, practicados conforme a las propias preferencias,
es incompatible con nuestro orden jurídico fundamental, por resultar contraria
al citado articulo 37 de la Constitución Nacional ([1]) y al artículo 23 de
la Convención Americana sobre los Derechos Humanos ([2]) (Pacto de San José de
Costa Rica), incorporada con jerarquía constitucional según el Articulo 75,
inciso 22, segundo párrafo, de la CN”.
Trágicamente, en nuestra historia
nacional existen varios contextos históricos que han hecho de esta violación
flagrante de derechos políticos una situación habitual y recurrente, siendo más
grave aún que esto se ha dado no sólo en gobiernos de facto sino en gobiernos
con pretendida legalidad democrática. Sostiene Rosatti respecto a la
proscripción del peronismo que:
“El caso más flagrante de “muerte
política” registrado en la historia constitucional argentina aconteció con la
proscripción del peronismo, decretada como consecuencia del golpe militar que
derrocó al presidente Perón en 1955. La prohibición no sólo comprendió la
participación comicial, sino que se extendió a la propia existencia partidaria,
privando de pertenencia política a millones de argentinos” (Rosatti, Horacio, Tratado de Derecho Constitucional,
Tomo I, Páginas 593 y 594).
Respecto la implementación
jurídica de la proscripción, Rosatti sostiene que la “muerte política” de los
peronistas se juridizó “mediante el
increíble y tristemente célebre decreto- ley 4161, de fecha 5 de marzo de 1956
(B.O. del 9-3-1956)”. Sostenía este infame Decreto en su Art. 1º que
quedaba prohibida en todo el territorio de la Nación:
“a) La utilización, con fines de
afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o propaganda
peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos
de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades,
personas jurídicas públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos,
expresiones significativas, doctrinas artículos y obras artísticas, que
pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales
pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del
peronismo.
Se considerará especialmente
violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía retrato o
escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la
bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto el de sus
parientes, las expresiones "peronismo", "peronista", "
justicialismo", "justicialista", "tercera posición",
la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las
composiciones musicales "Marcha de los Muchachos Peronista" y
"Evita Capitana" o fragmentos de las mismas, y los discursos del
presidente depuesto o su esposa o fragmentos de los mismos.
b) La utilización, por las
personas y con los fines establecidos en el inciso anterior, de las imágenes,
símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina artículos y obras
artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como
tales creados o por crearse, que de alguna manera cupieran ser referidos a los
individuos representativos, organismos o ideología del peronismo.
c) La reproducción por las personas
y con los fines establecidos en el inciso a), mediante cualquier procedimiento,
de las imágenes símbolos y demás, objetos señalados en los dos incisos
anteriores”.
En algo que hoy podría resultar
inverosímil, en el Art. 2 del Decreto Ley sostiene que sus disposiciones eran
de “orden público y en consecuencia no
podrá alegrarse contra ellas la existencia de derechos adquiridos. Caducan las
marcas de industria, comercio y agricultura y las denominaciones comerciales o
anexas, que consistan en las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en
los incisos a) y b) del art. 1º”.
Sostenía en el Art. 3 respecto a
las sanciones que: “El que infrinja el
presente decreto-ley será penado: a) Con prisión de treinta días a seis años y
multa de m$n: 500 a
m$n. 1.000.000; b) Además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de
la condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político o
gremial; c) Además, con clausura por quince días, y en caso de reincidencia,
clausura definitiva cuando se trate de empresas comerciales. Cuando la
infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar como
pena accesoria la disolución”.
Desde el punto de vista electoral,
Rosatti argumenta que:
“…la proscripción al peronismo se
entremezcla con la obligatoriedad del voto. Ambas son realidades jurídicas (o
juridizadas). La reacción de los adherentes varía en este periodo desde la
rebeldía manifestada en el “voto en blanco” (que en ocasiones logra a ser
mayoritario) hasta la estrategia manifestada en el apoyo circunstancial a algún
candidato “permitido”. En ambos casos puede hablarse de voto “transferido, en
la medida que no expresa la voluntad real de un sector importante del
electorado” (Rosatti, Horacio,
Tratado de Derecho Constitucional, Página 619, Tomo I).
Pero la historia no se detuvo ahí
y lo que pretendió ser una muerte política abrió paso a la resistencia, a la
lucha popular, a la resurrección del peronismo y el retorno de Perón. Apunta
Rosatti que “la proscripción política se
contrarrestó en la época mediante una multiplicidad de expresiones clandestinas
que mantuvieron la solidaridad de los militantes durante el tiempo de
desarraigo político. La “resistencia” se expresó en la mantención de la “hora
peronista” (horario tomado durante la vigencia del gobierno depuesto y que no
se ajusta a los periódicos cambios de la “hora oficial”), en la nominación de
Juan Domingo a los hijos nacidos en el país durante el exilio de Perón, en la
circulación clandestina de todo tipo de mensajes (escritos y grabados)
supuestamente enviados por el líder desde el exterior y en la conservación de
la iconografía peronista en la trastienda del hogar” (Ver: Rosatti, Horacio, Argentina por sus historias, páginas 31 y ss).
Y, así fue como, en 1973, con la
convocatoria a elecciones libres y la posibilidad de que el Partido
Justicialista participe en ellas se cierra este periodo oscuro para la Democracia
argentina, donde en forma expresa se decretó la “muerte política” del peronismo
y de millones de peronistas.
Los Fusilamientos
El 9 de junio de 1956 un grupo de
militares peronistas encabezados por Juan José Valle, con apoyo de algunos
dirigentes gremiales, protagonizó un frágil y fugaz levantamiento armado. El
gobierno no dudó en reprimir la sublevación y ordenó fusilar a los jefes
militares y a varios civiles. No solo fueron fusilados los militares, también
hombres indefensos, sin acusación ni juicio y en forma clandestina, fueron
ultimados en los basurales de José León Suárez.
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| Juan José Valle. |
Las ejecuciones de militares en
los cuarteles fueron, por supuesto, tan bárbaras, ilegales y arbitrarias como
las de civiles en el basural. El 12 de junio se entrega el general Valle, a
cambio de que cese la matanza. Lo fusilan esa misma noche. Suman en total 27
ejecuciones en menos de 72 horas en seis lugares diferentes.
Los fusilamientos se realizaron
en la Unidad Regional de Lanús, en el Regimiento 7 de La Plata, en el Bosque,
en Campo de Mayo, en el Regimiento 2 de Palermo y, el del general Valle, en el
Penal de Las Heras. Esta es la lista de los militares fusilados: General de
división Juan José Valle; Coroneles Ricardo Santiago Ibazeta, Alcibiades
Eduardo Cortínez y José Albino Irigoyen; Teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno;
Capitanes Eloy Luis Caro, Dardo Nestor Cano y Jorge Miguel Costales; Tenientes
1º Jorge Leopoldo Noriega y Néstor Marcelo Videla; Subteniente Alberto Juan
Abadie; Suboficiales principales Miguel Ángel Paolini y Ernesto Gareca;
Sargentos ayudantes Isauro Costa y Luis Pugnetti; Sargentos Hugo Eladio Quiroga
y Luis Bagnetti; Cabos Miguel José Rodríguez y Luciano Isaías Rojas; ciudadanos
Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Osvaldo Alberto Albedro, Dante Hipólito
Lugo, Aldo Emir Jofre, Miguel Ángel Mauriño, Rolando Zanetta, Ramón Raúl Videla
y Carlos Irigoyen.
En cuanto al asesinato de civiles
en los basurales de José León Suárez, son detenidos 17 civiles, cinco son
liberados. Pero el jefe de la policía bonaerense, coronel Desiderio Fernández
Suárez, ordena verbalmente la ejecución de los doce restantes. Trasladados a un
basural de José León Suárez, siete de ellos, algunos gravemente heridos,
sobreviven al ametrallamiento. Cinco cadáveres quedan tendidos. Son los de
Carlos Alberto Lizazo, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brión y
Vicente Rodríguez. Eran todos peronistas, fueron detenidos en el domicilio de
uno de ellos mientras escuchaban por radio las noticias sobre el levantamiento
del General Valle. Los verdugos de esta (masacre) eran todos miembros de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Sobre Ley Marcial y
Derecho Constitucional
Jurídicamente, la masacre fue disfrazada bajo el amparo de la ley marcial. El gobierno estableció a las 0.32
del 10 de junio la ley marcial, con un decreto firmado por Aramburu, Rojas, los
ministros de Ejército, Arturo Ossorio Arana, de Marina; Teodoro Hartung; de
Aeronáutica, Julio César Krause y de Justicia, Laureano Landaburu. Es decir,
que para aplicar la ley marcial a los sublevados ésta debió ser aplicada con
retroactividad al delito cometido, violando el principio legal de la
irretroactividad de la Ley Penal. Pocas horas después, firman el decreto 10.363
que ordena fusilar a quienes violen la Ley Marcial.
Rosatti se refiere a la
aplicación de la Ley Marcial en la historia constitucional argentina y
puntualmente lo hace en referencia a los Fusilamientos de León Suárez. Entiende
que la ley marcial significa la aplicación de la legislación y la jurisdicción
militar a los civiles. Rosatti argumenta que en un sistema democrático la
aplicación de la Ley Marcial constituye:
“- en términos institucionales,
un avance sobre la jurisdicción de la Justicia ordinaria y, por tanto, una
violación al principio de división de poderes, y
- en términos personales, una
violación a la garantía del juez natural”.
Por ello entiende que no puede
presumirse su legitimidad sino su ilegitimidad. Rescata el precedente
“Milligan” de la Corte Suprema de EE.UU de 1866 que reduce en forma
significativa la aplicación de la Ley Marcial para las hipótesis de guerra
civil o ataque exterior y en la medida de que: a) Se tratará de una situación
ubicada en el campo de batalla y b) no hubiere tribunales civiles funcionando.
Respecto
al uso de la ley marcial en nuestro país, Rosatti es muy claro políticamente y
afirma que:
“En la Argentina, la aplicación
de la ley marcial estuvo vinculada a los gobiernos antipopulares y a la
represión de los movimientos reivindicatorios, como el anarquismo durante el
gobierno de facto del general Uriburu, los militantes y obreros peronistas
luego del golpe militar de 1955, los huelguistas durante la aplicación del Plan
de Conmoción Interior del Estado (Conintes) a fines de los 50 y principios de
los 60 y los activistas antigolpistas durante el proceso militar de 1976 – 1983” (Rosatti,
Horacio, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II, Página 665).
El Caso “Livraga” (24/04/1957,
F. 237:450) de la CSJN
Aunque parezca increíble, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) justificó jurídicamente los
criminales fusilamientos en el amparo que le brindó la ley marcial. Sí, al
igual que cuando legitimaron un gobierno de facto con la Acordada del 30, aquí,
peor aún, la Corte Suprema (cuyos miembros fueron impuestos por al dictadura luego de remover las legítimos integrantes) avaló una masacre de gente indefensa, pese a que
todas y cada unas de las muertes estarían dentro de la calificación del Artículo
18 de la Constitución Nacional, vigente en ese momento, que decía: "Queda abolida para siempre la pena de muerte
por motivos políticos".
Pero, además de la “aplicación”
de la ley marcial a militares, en los basurales de José León Suárez el jefe de
Policía de la Provincia de Buenos Aires mandó fusilar por su orden a numerosos
obreros peronistas, antes de entrar en vigencia la norma en cuestión y sin
instruir proceso alguno, con todas las irregularidades violatorias de toda idea
mínima siquiera de garantías constitucionales.
Esta ausencia de toda constancia
oficial del fusilamiento de civiles por la Policía bonaerense dio lugar al caso
“Livraga”. Juan Carlos Livraga, uno de los sobrevivientes de los Fusilamientos,
denuncia ante la Justicia Penal de la Provincia de Buenos Aires estas
atrocidades. Entre otros cuestionamientos denunció que habría actuado la
Policía bonaerense; que él fue detenido el día 9 de junio sin proceso alguno,
que sufrió tentativa de ejecución. Iniciada la investigación judicial, el
Juzgado de Instrucción Militar N° 27 que, por su parte, instruía sumario por
infracciones a la aplicación de la “ley marcial”, solicita la inhibitoria y la
remisión de todo lo actuado al Juez de la causa iniciada por Livraga “vinculada
al mismo hecho que investiga” el instructor militar. El magistrado mantiene su
competencia: afirma que ratione personae es prematuro hacer lugar al pedido
pues aún no había persona directamente imputada y el hecho todavía no afectaba
al personal militar en actividad ([4]). Así
planteada, la cuestión de competencia llega a los estrados de la CSJN.
La CSJN resolvió en su fallo a
favor de la competencia del Juez militar, en base a normas del Código de
Justicia Militar y lo dictaminado por el procurador Sebastián Soler (sí, el
penalista catalán que algunos consideran una eminencia de su época, pero que no fue muy garantista para el caso concreto parece), y agrega que -según los antecedentes
de la causa- el personal de la Policía bonaerense implicado actuó “con subordinación a las disposiciones y
autoridades de carácter militar [...] con motivo del movimiento revolucionario
sofocado en aquella ocasión, es decir, en circunstancias excepcionales en que
el mantenimiento del orden interno constituía función militar específica”.
Así avalando una violación flagrante al debido proceso, legalizando en los
hechos la pena de muerte por motivos políticos, la CSJN, con los votos de
Alfredo Orgaz (sí, el civilista que muchos citan aún hoy en sus libros), Manuel
José Argañarás, Enrique Valentín Galli, Carlos Herrera y Benjamín Villegas
Basavilbaso, escribe otra página negra del derecho argentino con el escueto
fallo “Livraga”.
Este precedente se extendió en
forma automática a otros supuestos, como el caso “Pucci” de la CSJN, de 1959
(Fallos 243:346), en los cual se aplicó la ley marcial a obreros ferroviarios
movilizados, dando cuerpo así a la doctrina de ley marcial como herramienta de
represión social.
Sobra la compatibilidad de la ley
marcial con el sistema constitucional argentino, Afirma Rosatti que:
“La ley marcial es una
institución incompatible con el sistema constitucional argentino. Su aplicación
violenta lo prescripto por el articulo 18 de la Constitución Nacional, en la
medida en que supone la extrapolación de un fuero real de excepción (como es el
militar) a quienes no lo son, significando para los civiles una “comisión
especial” de juzgamiento” (Rosatti,
Horacio, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II, Página 668).
Sobre peronismo y violación de DD HH
La violencia política y la
consecuente violación de DD HH y supresión de garantías constitucionales que
ella implica es, indiscutible y lamentablemente, un elemento constitutivo de
nuestra historia. Pero debemos diferenciar, y eso aquí pretendo. En este texto no
abordo un concepto genérico de violencia, me refiero concretamente a parte de un ciclo de violencia institucional ejercida por las minorías oligárquicas
contra el pueblo a lo largo de la historia argentina contemporánea.
Esa violencia, que llega a su
punto más perverso con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 a través del terrorismo
de Estado, encuentra sus raíces sórdidas y profundas en todo el transcurso del
Siglo XX: La “Semana Trágica” de 1919, la matanza de peones rurales en la
Patagonia en 1921, los bombardeos de Plaza de Mayo en 1955, los fusilamientos
de la Revolución Libertadora, el secuestro y desaparición de Felipe Vallese, la Masacre de Trelew, etc. Todas estas
experiencias históricas anunciaron y prefiguraron el sangriento golpe del 76,
que inició el período más trágico y macabro de toda nuestra historia.
Pero lo medular que aquí ponemos
en debate trasciende lo político-partidario o las discusiones ideológicas. De
lo que en definitiva se trata, y así lo hace con lucidez y solvencia Rosatti
desde el Derecho Constitucional, es comprender que nuestro ordenamiento
jurídico establece Declaraciones, Derechos y Garantías cuya plena vigencia resulta
indispensable, esencial, para que la autoridad pública sea constitucionalmente
válida y legitima. Ninguna situación, por extrema que sea descripta por el
poder, puede autorizar o avalar a que se viole la Constitución Nacional y el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, rigiendo las normas que la
coyuntura y el poder fáctico imponga por encima de las normas fundamentales que
nuestra Carta Magna instituye.
[1] "Esta Constitución
garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al
principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia.
El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.
La igualdad real de oportunidades entre varones y
mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por
acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen
electoral".
[2] "Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los
ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) de votar y
ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores, y
c) de tener
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país.
2. La ley puede
reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia,
idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente,
en proceso penal".
[3] Ver fuente “Humberto
Quiroga Lavié, Miguel Ángel Benedetti y
María de las Nieves Cenicacelaya, Derecho Constitucional Argentino, Segunda
Edición actualizada por Humberto Quiroga Lavié, Tomo II, Pág 1371.
[4] Idem… pág. 1375.
