Día de la Constitución: ¿Un homenaje a la dictadura de Aramburu y las guerras civiles?

Aquí posteo un texto que escribí hace años sobre el Día de la Constitución, que se celebra cada 1º de Mayo, desarrollando algunos argumentos para fundamentar la idea de que no sea celebrado en esta fecha.

Pedro Eugenio Aramburu con la banda presidencial. A su izquierda, el también infame
Almirante Isaac Rojas. Juntos fueron la expresión principal el odio antiperonista de la dictadura
militar que derrocó el gobierno constitucional el 16 de septiembre de 1955. 

Además de resaltar que el 1° de mayo se superpone con el homenaje a las y los trabajadores, la nota explica las dificultades e inconsistencias históricas y constitucionales para afirmar que aquel 1° de Mayo de 1853 efectivamente se sancionó una constitución para todo el pueblo argentino. 

Añado otro argumento: el 1° de mayo de 1956, en la Plaza Ramírez de la localidad de Concepción del Uruguay, en un hecho nefasto para el derecho constitucional, la dictadura que encabezaba Pedro E. Aramburu llevó a cabo el acto institucional de derogación de la Constitución de 1949, que había incorporado en forma vanguardista los derechos sociales y el Estado de Bienestar a la carta magna. Este hecho ocurrió en nuestra provincia y es poco conocido, por lo que considero imprescindible echar algo de luz sobre este episodio, por las consecuencias negativas que tuvo en el plano jurídico, político y social de nuestro país, cuestión esta que abona a la idea de no celebrar en esta fecha el Día de la Constitución.

La nota original se publicó hace muchos años en el blog del Dr. Domingo Rondina (https://www.constitucional.com.ar/). Con su ingenio de siempre, Domingo tituló la nota así: "La constitución de Aramburu". Ahora la replico aquí con algunos agregados y recortes.

Escribe: Dr. A. Gonzalo García Garro

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El primer 1º de Mayo. 1853

Es cierto que el 1º de Mayo de 1853 los Convencionales Constituyentes dieron lectura al texto definitivo de la Constitución elaborado por las comisiones, a los fines de cotejar las enmiendas y cambios de los distintos debates. 

Historiadores revisionistas consideran que la mayor parte del texto constitucional sancionado en 1853 fue obra de Benjamín Gorostiaga, a excepción de la parte dogmática sobre la que no está clara la autoría. Ciertamente no fue una obra para nada original, ni muy apegada al ser nacional, tampoco fue funcional para su tiempo. Alrededor de 60 artículos de la Constitución Nacional de 1853 fueron reproducciones literales de la Constitución de Estados Unidos. Casi el 60% de los artículos fueron prácticamente copiados. 

Retrato de la Convención Constituyente de 1853, sancionada el 1 de Mayo de 1853, a pedido de Urquiza en homenaje al pronunciamiento contra Rosas.

En aquella jornada, el presidente del Congreso Constituyente, Facundo Zuviría, pronunció un encendido discurso y, a propuesta del constituyente Benjamín Gorostiaga, los convencionales firmaron el texto constitucional. Eso pasó. Nadie juró por esa Constitución aquel día nos cuenta José Rafael López Rosas, en su “Historia Constitucional Argentina”.

Para aclarar aún más, cabe recordar que Urquiza toma contacto con el texto constitucional luego de que una comisión designada por la Convención Constituyente se lo acercara a su campamento en San José de Flores el 22 de mayo. El entrerriano promulga el texto con un decreto fechado el 25 de Mayo de 1853 y la misma fue jurada por el resto de las provincias el 9 de julio del mismo año, con Urquiza incluido.

Sin sopesar la postura que cada uno pueda tomar en relación a las guerras civiles del siglo XIX, es claro que el 1º de Mayo fue, entonces, una fecha arbitrariamente dispuesta en función de su relación con el Pronunciamiento de Urquiza contra Rosas del 1º de Mayo de 1851, que abrió un proceso que culminó con la Batalla de Caseros en la que fue derrotado Juan Manuel de Rosas; vinculando así el homenaje a nuestros derechos constitucionales con parte del desenlace de la guerra civil argentina del siglo 19.

Urquiza se auto homenajeó eligiendo el 1° de Mayo como fecha.  

Dos Estados, dos Constituciones

Pero la Constitución de 1853 no fue la definitiva. Ese texto se modificó en la Convención Nacional Constituyente de 1860, completando lo que Bidart Campos llamaba el ciclo constitucional abierto que culmina la denominada “Organización Nacional”.

Si bien el Derecho Constitucional suele reducir este proceso con fines de simplificación pedagógica, y en algunos casos para avalar las mentiras de la historia oficial liberal, una retrospectiva de homenaje no puede soslayar que la calificación de este período como de “Organización Nacional” es aceptable sólo si se considera en particular un aspecto institucional, ya que fue durante éste que se sanciona la Constitución.

Pero, para la política y la historia, este concepto es tramposo, ya que durante todo el período mencionado (1853-1860) se encontraban en situación de guerra permanente dos Estados, dos entidades jurídicas diferentes en el mismo territorio de lo que hoy es Argentina: La Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires.

Mientras “los trece ranchos”, como despectivamente llamaba Mitre a las provincias de la Confederación, discutían la Constitución en Santa Fe, los centralistas de Buenos Aires se organizaban como Estado independiente y soberano.

La Constitución de 1853 no tuvo imperio sobre la parte más densamente poblada y económicamente más desarrollada de nuestro país durante años. La Constitución del Estado de Buenos Aires, sancionada el 11 de abril de 1854, rezaba en su Art. 1º “Buenos Aires es un Estado con libre ejercicio de su soberanía interior y exterior”.

El país de Mitre y Valentín Alsina tenía su propia declaración de derechos y poderes. El “Estado Libre de Buenos Aires” y la “República del Río de la Plata” tuvieron relaciones tormentosas y reglaban sus acuerdos como si fuesen dos naciones extranjeras entre si, independientes una de la otra.

Tuvo que ocurrir la batalla de Cepeda y luego la infamia Pavón, tuvo que vencer Urquiza y firmar como un general derrotado regalando la Constitución y el poder a Mitre, para que en 1860 tengamos finalmente una sola Constitución para un solo país.

Las batallas de Urquiza trazaron la ruta de la Constitución. El genial Juan Bautista Alberdi con su ingenio y mordacidad lo explicaba: “¿Para qué ha dado Urquiza tres batallas? Caseros para ganar la Presidencia, Cepeda para ganar una fortuna y, Pavón para asegurarla”. En el medio de esas batallas se consolidó lo que el constitucionalismo liberal clásico llama el periodo constitucional fundacional de 1853-1860.

El peor 1º de Mayo, el de 1956, la Constitución y la Revolución Libertadora

Pero las razones para elegir otra fecha no se agotan ahí. Ya adentrándonos en el siglo XX, el 1º de Mayo tampoco es una fecha precisamente laudatoria de nuestra historia institucional, ni de nuestro respeto a la Constitución.

Plaza Francisco Ramírez de de Concepción del Uruguay.

Corría el año 1956, y el Golpe de Estado que derrocó a Juan Perón, la dictadura militar autodenominada “Revolución Libertadora”, se proponía derogar la Constitución de 1949. El pretexto era que en ella se regulaba la reelección presidencial. Pero las razones que adujo el propio presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu tenían que ver con el programa económico y social trazado por la Carta Magna del 49 y la incorporación plena de los derechos sociales, las pautas claras de defensa de la soberanía nacional y el rol presente del Estado al catálogo constitucional.

Días previos al otro 1º de mayo, la dictadura de Aramburu, Rojas y cía. dictó la famosa “Proclama del 27 de abril”. Independientemente de la valoración que hagamos del primer peronismo, “La Proclama” fue una aberración constitucional por la cual un gobierno de facto, una dictadura, derogaba una Constitución legítimamente sancionada y plebiscitada democráticamente por la mayoría de los argentinos.

En su artículo 1 la Proclama decretaba: “Declarar vigente la Constitución Nacional sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898, y la exclusión de la de 1949”. Iba más lejos, también disponía: “Declaránse vigentes las Constituciones provinciales anteriores al régimen depuesto” (art. 3)” y “Déjanse sin efecto las Constituciones sancionadas para las provincias de Chaco, La Pampa, y Misiones” (art. 4). Entre Ríos tambien tuvo una reforma constitucional en 1949, la que quedó sin efecto.

Pero para el 1º de Mayo de 1956, la dictadura tenía prevista la gran sorpresa Constitucional: El presidente de facto, el general Pedro Eugenio Aramburu, desde la emblemática plaza Ramírez de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay -el mismo lugar donde Justo José de Urquiza realizó el Pronunciamiento contra Rosas 105 años antes-, leyó la Proclama y anunció definitivamente al pueblo argentino la derogación de la Constitución de 1949.

En la ocasión, Aramburu realizó un singular e incomprensible discurso orientado a la celebración del Día del Trabajo que tenía como destinatario a lo trabajadores, día que había adquirido enorme centralidad durante el peronismo. Aramburu, en una suerte de alegato jurídico-político, negó con argumentos reaccionarios toda la matriz jurídica de los derechos sociales cristalizados en 1949, cuestionó el rol de los sindicatos, la estructuración de la central obrera, bastardeó la legislación laboral, etc., todo esto justo un 1 de mayo.

Aquel día, Aramburu dijo cosas tan injuriosas para las mayorías populares como desopilantes respecto de la Constitución de 1949 y la legislación peronista, tales como:

a) “La mayor parte de las medidas sociales que sirvieron para la gran farsa y para crear el mito de amparo a los necesitados”;

b) En una proto versión de la "teoría del derrame" tan vigente hoy, afirmó: “A mayor producción mayores ingresos para los patrones y mayores ingresos para los trabajadores…La capitalización de los patrones supone capacidad para la creación o ampliación de las fuentes de riquezas, esto es, de trabajo”;

c) Sostuvo que “que la falsa Constitución, creada por quienes buscaron la gloria efímera y el halago demagógico, quede en el recuerdo de lo efímero y con el valor de lo demagógico”.

d) En un contexto en que los dirigentes sindicales eran perseguidos, denunciados y en casos encarcelados por la dictadura, Aramburu expresó en forma cínica, pero amenazantemente, que: “La Revolución, y que esto llegue a los oídos de todos los trabajadores… ataca y lucha contra los hombres y las ideas que las burlaron y reserva las armas limpias para luchar y vencer a los hombres o las ideas pretendan burlarlas… las investigaciones gremiales han de finalizar, indefectiblemente, durante el mes en curso. De sus conclusiones dependen muchas suertes. La Revolución no permitirá que aquellos que hubiesen faltado a sus deberes tengan oportunidad de hacerlo nuevamente”.

Aramburu rinde homenaje a Urquiza

En el acto en Plaza Ramírez, Pedro Eugenio Aramburu rindió homenaje a Justo de José de Urquiza e hizo pública la “derogación” de la Constitución de 1949.

Las citas textuales del discurso de Aramburu las extraje de este libro. Es un texto de propaganda y difusión de la dictadura militar publicado en 1956

Elogiando el espíritu del pronunciamiento de Urquiza contra Rosas del 1 de mayo de 1851, Aramburu, reivindicando la línea histórica de la dictadura “Mayo-Caseros-Septiembre” afirmó: “…El 1° de Mayo de 1851, en este mismo lugar, hombres amantes de la dignidad pronunciaron la libre decisión de ser dueños de sus destinos… La revolución, tan necesaria como argentina, quiere identificarse con el espíritu de Mayo que es, para la nacionalidad, tres veces luz: vieja, nueva y eterna. En la parábola histórica marca otra cumbre la Constitución Nacional sancionada otro 1° de Mayo dos años después…”.

Refiriéndose a la “derogación” de la Constitución de 1949 y la puesta en vigencia de la Constitución de 1853-60 añadió: "...Y en honor de aquellos inspirados… hoy el Gobierno Revolucionario, proclama con fuerza obligatoria la vigencia de aquella misma Constitución. Con su letra, y con la sangre de su letra, se hizo una Nación por sobre la desorganización y el despotismo. Que hoy sirva la misma letra y la sangre derramada, para inspirar a quienes fijen en la oportunidad la nueva Carta que rija sus destinos…”.

Identificando a la dictadura autoproclamada como Revolución Libertadora con los ideales de Caseros y la Constitución de 1853, Aramburu afirmó: “… Aquella Constitución que hoy vuelve a regirnos, foco de irradiación de grandeza, se enlazará con la nueva expresión que también asegure la verdad imperativa de las tres libertades imperativas de nuestro himno”.

En el medio del homenaje, entre la reivindicación a Urquiza, la trillada prosa antiperonista y el auto elogio, la dictadura hizo desaparecer los derechos sociales de la Constitución Nacional, al igual que cláusulas de vanguardia sobre el rol del Estado en la economía y la propiedad de los recursos naturales, entre otras disposiciones de una constitución que era de avanzada en el mundo. Hizo desaparecer de la historia constitucional un instrumento que fue legitimado por la inmensa mayoría del pueblo argentino. 

Día Internacional de los Trabajadores. No superponer homenajes

En otro argumento, y en un tópico ya deslizado en otra nota, la fecha del 1º de mayo coincide con el Día Internacional de los Trabajadores, que es por si sola una fecha de enorme trascendencia. Creemos que por la relevancia de los hechos, celebrarlos juntos resulta en una disminución de la importancia de ambos recordatorios. Hay sobradas razones para que prevalezca el día de los trabajadores en dicha fecha.

Que el Día de la Constitución nos signifique algo

En diciembre de 2003, el Congreso Nacional, sin pensar en todos estos claroscuros, dictó la ley 25.863 eligiendo el 1º de mayo como día de la Constitución Nacional. Por entonces fue un pedido de legisladores, que en mayoría, estaban ligados a la UCR.

Existen muchas fechas simbólicas que pueden encarnar el “Día de la Constitución”. 

Ya hemos dicho que nos gusta el 23 de septiembre. En esa fecha, la Convención Nacional Constituyente de 1860, reunida en Santa Fe, dispuso: “La Convención encargada de decidir sobre las reformas propuestas por la Provincia de Buenos Aires, en la Constitución de la Confederación Argentina de 1° de Mayo de 1853, habiéndolas tomado en consideración, sanciona las siguientes reformas (…)”

Pero además, el 23 de septiembre se recuerdan llamativamente tres hechos muy significativos en nuestra historia patria: nació Mariano Moreno (1778), murió José Gervasio de Artigas (1850) y se promulgó por iniciativa de Eva Perón la ley de voto femenino (1947). No estaría mal que recordemos también estos jalones importantísimos de nuestra biografía colectiva.

Creemos que son muchas las fechas que pueden ocupar este lugar, pero para que tenga sentido un homenaje de esta naturaleza la fecha debe decirle algo al pueblo, significar cuestiones trascendentes. Debatirlo sería algo esclarecedor seguramente. Pero, sin dudas, hay muchos mejores días que este controvertido 1º de Mayo, que cobija algunas albas y muchos crepúsculos en su derrotero histórico, para rendir homenaje a la Constitución Nacional.

La Acordada de 1930: El día que la Corte Suprema legalizó y legitimó una dictadura (la primera vez)

La Corte Suprema en 1930. De izquierda a derecha: Antonio Sagarna, José Figueroa Alcorta (presidente), Ricardo Guido Lavalle, Roberto Repetto y Horacio Rodríguez Larreta. 17/9/30

El 6 de septiembre de 1930 se produjo el golpe de Estado que derrocó a Don Hipólito Yrigoyen. El mismo fue encabezado por el general José Félix Uriburu. Fue la primera dictadura militar del siglo XX, la inicial experiencia de quiebre del orden democrático que tendrá toda una larga serie de noches negras que se extenderán hasta 1983, luego de las más criminal dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976. El golpe dio comienzo a la denominada “Década Infame”, símbolo del fraude electoral y la entrega de la economía del país a los ingleses. Un país para pocos se imponía así, con las armas y en contra de las urnas.

Días después, el 10 de septiembre de 1930, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emite su celebre Acordada legalizando la dictadura. La Corte personalmente le entregó al dictador Uriburu la Acordada el 14 de septiembre de 1930 mediante la cual reconoció expresa e integralmente al gobierno de facto y la validez de todos los actos de sus funcionarios. A partir de allí, la Corte creó la doctrina por la cual la Constitución pasó a ser una norma que sólo rige y tiene supremacía mientras no existan dictaduras o no se produzcan golpes de Estado. Y eso si se cumplió estrictamente en varias ocasiones en el siglo XX.

Escribe: Alejandro Gonzalo García Garro.

“La propia senectud del líder, ya tiene 77 años, ejerce decisiva influencia. Nadie se atreve a remplazarlo, unos por timidez otros por cálculo o arribismo. El mito de Yrigoyen aplasta a la Unión Cívica, ahogando sus posibles renovaciones”. Jorge Enea Spilimbergo, “El radicalismo, Historia Crítica”.

“Nosotros en 1930 cometimos un grave error por impaciencia, por sensualidad del poder, por inexperiencia, por lo que fuera. Nosotros abrimos el camino de los cuartelazos, olvidando la gran tradición conservadora y, a partir de ese momento, nosotros los conservadores somos los responsables o los culpables de lo que ha pasado en el país hasta ahora”. Palabras del dirigente conservador José Aguirre Cámara ante el comité nacional de su partido en 1940.

“Que, el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es, pues, un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden…” Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre reconocimiento del Gobierno Provisional de la Nación, 10 de septiembre de 1930.

Un poco de historia, sobre el Golpe de 1930

El segundo gobierno de Yrigoyen no fue como el primero. Su salud estaba mal y su capacidad política menguada. Del mismo modo su armado político no tenía la misma fortaleza de 1916. El radicalismo divido, enfrentado con buena parte del ejercito, jaqueado por la crisis internacional de 1929, su segundo mandato naufraga sin rumbo y la oposición política y militar contaba los días.

¿Cómo fueron los meses previos al golpe del 6 de septiembre de 1930? Por un lado, la conspiración militar era de carácter secreto. Los partidos opositores coordinan, en el plano público, ganar la calle realizando numerosas movilizaciones donde asisten la militancia partidaria y el público en general. A partir de julio de 1930 la tensión fue creciendo. Toda la oposición en el Congreso, sin exclusiones, se reunió para crear una suerte de frente que encaró la realización de una serie de actos en teatros y plazas donde los oradores aumentaban sus críticas contra el gobierno.

La oposición controlaba muchos medios de comunicación que le otorgaban un espacio más que considerable para las acusaciones y las críticas al gobierno. En el mes de agosto, cuando se profundiza el enfrentamiento queda en evidencia la complicidad de la prensa con la oposición.

La historia nos enseña que cuando se hace una “revolución” de este tipo, se va generando la circunstancia propicia para que estalle. Generalmente se producen actos por parte del gobierno al que se trata de derrocar, actos ante los cuales la oposición reacciona, creándose un contrapunto de oposición y gobierno que culmina con el Golpe de Estado. Lo curioso de este caso es que el gobierno, Yrigoyen, no hizo nada, excepto generar algún acto administrativo ineludible como la designación del Presidente de la Corte o algún que otro decreto sin mayor importancia.

 

Hipólito Yrigoyen en el Tedeum del 25 de mayo de 1930, meses antes del golpe.

El gobierno radical daba la sensación de ser un muñeco inmóvil, una suerte de “puchingball” sobre el cual se descargaban las trompadas más feroces sin que reaccionase. La única respuesta, a fines de agosto del año 30, fueron una serie de manifestaciones relativamente numerosas en defensa del gobierno organizadas por el “Klan Radical” (sí, con K). Manifestaciones éstas a la que no asistían las capas medias que habían votado al viejo caudillo, ni el movimiento obrero que permanecía indiferente ante la situación. Estas movilizaciones estaban conformadas por lo que podía reunir los comités de los barrios más humildes, que desfilaron por las calles de Buenos Aires profiriendo “vivas a Yrigoyen” y “mueras contra sus opositores”; aunque sin mayor repercusión, salvo, algún tiroteo que no causó más que un susto en el vecindario.

La intención conspiradora seguía presente en los diarios a un ritmo cada vez más acelerado con presunciones y profecías sobre cuando estallaría la revolución que derrocaría al presidente. Algunos diarios opositores, sobre todo “Crítica” y “La Razón”, escribían cosas terribles sobre el presidente. Se fabulaba con la personalidad del presidente; con su enfermedad, de la que decían cosas soeces y desagradables; con su vida privada, llegando hasta lo obsceno…  sin que hubiese reacción alguna por parte del gobierno.

En los primeros días de septiembre renunció el Ministro de Guerra, impotente para detener el complot militar que ya se había introducido dentro del gobierno, produciendo intrigas palaciegas (algunos autores mencionan una conspiración palaciega en marcha, una variedad de golpe institucional que consistía en lograr la dimisión de Yrigoyen para que asumiera el vicepresidente Martínez la Presidencia y así terminar el mandato. Pero la intriga fracasó y Martínez fue obligado a renunciar. Llegó a ser presidente durante 25 horas.). 

Yrigoyen quedó solo, aislado y físicamente endeble; desde su apatía, le restaba importancia a la sublevación. Mientras tanto en el ámbito militar, la gente de Justo ya había logrado copar el contenido político de la revolución. El “Manifiesto de la Revolución”, redactado originariamente por Leopoldo Lugones iba a ser enmendado a fin de quitarle los peligrosos interrogantes que abría sobre un futuro excesivamente autócrata y cesarista. La filosofía de la revolución sería otra a la imaginada por su jefe y los nacionalistas.

Desde lo militar, ¿Cómo fue orquestado el Golpe?

Desde el punto de vista estrictamente militar la conspiración no crecía. No conseguía adeptos. Solamente se había logrado el compromiso de las autoridades del Colegio Militar, algunos aviadores de la  base aérea de El Palomar y varios oficiales sin mando de tropa. La mayoría de la oficialidad se limitaba a escuchar a los golpistas pero sin comprometer su palabra de sacar las tropas a la calle. No obstante el golpe ya estaba en marcha y no se podría volver atrás. Lo harían con lo poco que había (gran diferencia de los golpes que vendrían en la historia argentina) y se contaba con la pasividad de los no comprometidos, el mejor ingrediente.

El 4 de septiembre hubo una manifestación, donde se produjo una esperada y necesaria tragedia: en un tiroteo cae muerto una persona llamada Juvencio Aguilar, que lo suponen estudiante pero en realidad era un trabajador bancario. La sublevación golpista requiere de un “mártir” y no importaba la identidad del mismo. Se lo vela en la Facultad de Medicina adonde se dirigen miles de estudiantes y al poco tiempo el velorio es una multitud enardecida. Para terminar el cuadro necrofílico, el detalle: los estudiantes (en su mayoría fanáticos antipersonalistas de las clases acomodadas de Buenos Aires) mojan sus pañuelos en la sangre del caído y se dirigen por las calles de la ciudad, agitando los pañuelos al grito de: “¡Si quieren sangre, le daremos sangre! ¡A las armas, a la muerte!"

El 6 de septiembre, el General José Félix Uriburu Uriburu consiguió sacar a los cadetes del Colegio Militar y avanzó lentamente sobre Buenos Aires. La columna militar no era numerosa y se le sumaron, en la marcha, numerosos grupos de civiles entusiasmados que en pocas horas se transformó en una importante cantidad de gente. Los jefes militares encabezaban la columna en un automóvil descubierto cubierto de flores que les arrojaban desde las ventanas. No parecía una revolución sino un “desfile cívico extraordinario”… “fue un paseo de un general retirado al frente de un puñado de cadetes, que nadie pudo detener porque lo hacía invulnerable la presencia del pueblo. Y ningún militar entre los defensores del gobierno se sentía tan divorciado del pueblo como para ametrallarlo” (José María Rosa “Historia Argentina”, Tomo 11).

Un coche cargado de cadetes avanza rumbo a la Casa Rosada entre civiles que los vitorean. 6/9/30

Desde el punto de vista militar la tropa era insignificante y vulnerable. Su éxito no debe atribuirse a la fuerza material desplegada (600 cadetes y 900 soldados formaban la columna) sino al ascendiente psicológico que se impuso sobre la población porteña exaltada y, fundamentalmente, a la parálisis del gobierno.

El ambiente estaba formado de tal manera que no había posibilidad de resistencia. Yrigoyen, enfermo, había delegado el mando en su vicepresidente Enrique Martínez. Aunque era una manera de despejar un poco el horizonte, las presiones para que Yrigoyen renunciase eran tan grandes que ni siquiera ese gesto bastó. Finalmente, Uriburu llegó a la Casa de Gobierno después de un confuso tiroteo en la Plaza del Congreso. En un salón de la Casa Rosada obligó a renunciar al vicepresidente y se hizo cargo del gobierno de facto. Estos fueron los hechos concretos.

En la tarde del 6 de septiembre en el cuartel del Regimiento 7 de la ciudad de La Plata, donde Yrigoyen se había dirigido, le entrega la renuncia al jefe de la unidad militar. Estaba abatido y enfermo. Hubo orden de que se le pusiese en libertad, más cuando el jefe se lo comunicó D. Hipólito responde ceremoniosamente: “Me quedo aquí si me lo permiten, pues no tengo adonde ir”. A esa misma hora una turba descontrolada asaltaba la vieja casona del caudillo de Balvanera en la calle Brasil y quemaba sus pertenencias. Hubo serios desbordes, pero a las pocas horas se restablecía la calma en la ciudad porque el “gobierno revolucionario” se decidía a decretar la Ley Marcial.

El gobierno de Yrigoyen cae frente a la hostilidad de la clase media y la indiferencia del movimiento obrero. La causa íntima por la cual el radicalismo pierde sus antiguas bases y no conquista nuevas es que durante todo el gobierno radical éste no aplica ningún plan concreto que modifique siquiera el antiguo régimen económico social: En 1930 la oligarquía terrateniente sigue rigiendo la economía del país. Por más que intentó, Yrigoyen no hizo nada concreto por evitarlo. La vaguedad ideológica y la vacilación política ante la crisis que enfrenta el mundo se tradujeron en una completa incapacidad de reacción frente a la oligarquía reaccionaria, más decidida y con objetivos más claros. El apoyo popular que Yrigoyen recibió en 1928 en 1930 estaba extenuado como el anciano caudillo. La de 1916 era una pagina olvidada de la historia.

Para terminar, que mejor que una reflexión de José María Rosa que pone en su justo valor histórico los hechos más arriba narrados: “A Yrigoyen no lo sacó nadie. Se derrumbó solo, porque la vejez y la declinación mental extremaron sus defectos. Porque, bien lo sabía al no querer la presidencia en 1916, era un caudillo y no un gobernante. Y el yrigoyenismo desapareció porque, como sucede a todos los caudillos, no supo educar discípulos. Aunque el impulso nacionalista y popular no se extinguiría… pero eso es otra historia”.

El arzobispo de Buenos Aires bendiciendo al nuevo régimen, unos días antes que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 7/9/30

El día que la Corte Suprema de Justicia de la Nación legalizó una dictadura

Aquel día comenzó la primera dictadura militar del siglo XX. Fue la primera experiencia de ruptura del orden democrático. Demás está decir que a partir de aquel día toda serie de golpes de Estado marcaron el siglo XX.

Además del valor de antecedente, desde lo jurídico hay una barbaridad que merece especial atención. Consumado el golpe, con los militares en el poder, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), movida por la coyuntura naturalmente, se expresa jurídicamente sobre la dictadura en lo que pasará a la historia como la “Acordada del 10 de septiembre de 1930”. En pocas palabras, fue la legalización de la Dictadura, disfrazada como la doctrina de los gobiernos de facto, que en realidad no era otra cosa que la legitimación jurídica de los gobiernos que llegan al poder por las armas y no por las urnas.

Fue a pedido del General Uriburu, que había usurpado el gobierno. En respuesta a esto la CSJN publicó cuatro días después del golpe una acordada — norma legal emanada de una corte judicial — en la que declaraba que los actos y las designaciones de funcionarios emanadas de un gobierno de facto como el que se acababa de establecer eran jurídicamente válidos. En realidad fue una acordada antedatada, porque fue el 14 de septiembre de 1930 cuando los ministros de la Corte visitaron personalmente a Uriburu y le entregaron la acordada pero con una fecha anterior, el 10 en este caso.

La CSJN, a través de los ministros José Figueroa Alcorta (sí, el mismo que fue presidente de la Nación y vicepresidente y titular de la Cámara de Senadores de la Nación, el ejemplo del demócrata de la oligarquía argentina), Roberto Repetto (un juez designado en la Corte por Alvear), Ricardo Guido Lavalle (otro supremo designado por Alvear) y Antonio Sagarna (dirigente del radicalismo entrerriano que luego de ocupar muchos cargos en la provincia, la Nación y el extranjero, recaló en al Corte también por impulso de Alvear y fue destituido por Juicio Político en 1947 durante el gobierno de Perón, justamente por esta acordada); junto al procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta (miembro de una pudiente familia porteña, también propuesto por Alvear y tío abuelo del hoy Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el mismo nombre), firmaron, todos ellos, la acordada del 10 de septiembre de 1930 en la que se reconoce y legitima al gobierno dictatorial surgido del golpe perpetrado días antes.

Análisis y crítica de la Acordada

Vamos a repasar la Acordada de la Corte (publicada en Fallos: tomo 158, pág. 290), textualmente, y vamos haciendo unas notas al propio texto (tomo prestadas aquí algunas ideas de Diego Barovero, Profesor de Derecho Constitucional y miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional Yrigoyeneano):

"Acordada sobre reconocimiento del Gobierno Provisional de la Nación".

"En Buenos Aires, a diez días de septiembre de mil novecientos treinta, reunidos en acuerdo extraordinario los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctores don José Figueroa Alcorta, don Roberto Repetto, don Ricardo Guido Lavalle, y don Antonio Sagarna y el señor Procurador General de la Nación doctor Horacio Rodríguez Larreta, con el fin de tomar en consideración la comunicación dirigida por el señor Presidente del Poder Ejecutivo Provisional, Teniente General don José F. Uriburu, haciendo saber a esta Corte la constitución de un gobierno provisional para la Nación dijeron:"

"1° Que la susodicha comunicación pone en conocimiento oficial de esta Corte Suprema la constitución de un gobierno provisional emanado de la revolución triunfante de 6 de Septiembre del corriente año".

(Primero, reconoce la denominación de Poder Ejecutivo Provisional ¿? a la dictadura, tomando como legal la auto denominación que esta hiciera desde que usurparon los despachos de Casa Rosada. Segundo, habla y reconoce a la “revolución triunfante” ¡¡!! cómo si esto per se fuera generador de un gobierno constitucional).

"2° Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes del país, en el ejercicio del poder".

(Lo ridículo aquí es que la Corte admitió que estaba garantizado el mantenimiento de la supremacía de la Constitución por la sola circunstancia de que la dictadura así lo declaró. Luego, ¿Dónde están garantizados los otros derechos? ¿La soberanía popular, los derechos electorales, etc.? Además, ¿Cuál sería el concepto de libertad si estamos gobernados por una dictadura? En un voluntarismo jurídico la Corte dio por sentado hechos e “intenciones” por la sola mención de ellos en “declaraciones en actos públicos” de los usurpadores).

"Que tales antecedentes caracterizan, sin duda, un gobierno de hecho en cuanto a su constitución, y de cuya naturaleza participan los funcionarios que lo integran actualmente o que se designen en lo sucesivo con todas las consecuencias de la doctrina de los gobiernos de facto respecto a la posibilidad de realizar válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él".

"Que esta Corte ha declarado, respecto de los funcionarios de hecho, “que la doctrina constitucional e internacional se uniforma en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razones de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados, ya que no les sería posible a estos últimos realizar investigaciones ni discutir la legalidad de las designaciones de funcionarios que se hallen en aparente posesión de sus poderes y funciones, -Constantineau, “Public Officers and the Facto Doctrine”- Fallos: tomo 148, pág. 303”.

(Según Barovero la Corte citó equivocadamente al autor canadiense Albert Constantineau, quien distingue entre “gobierno de facto” y “funcionarios de facto”. Al “gobierno de facto” lo considera como usurpador que obtiene el control de un país por la fuerza de las armas y contra la voluntad del gobierno legítimo, pero se ocupa, en la mayor parte de los dos tomos del libro, de los problemas de los ciudadanos por la actuación de los “funcionarios de facto”. La Corte confunde a los “gobiernos de facto” con los “funcionarios de facto” pues, al hacer consideraciones sobre “funcionarios de facto” deja de lado que ha recibido una comunicación de un “gobierno de facto” que no puede invocar apariencia de legitimidad como podría hacerlo un “funcionario de facto”. 

Uriburu no era un “funcionario de facto”, ni había realizado acto alguno en perjuicio de un ciudadano que presentaba queja por ello. Era lisa y llanamente la cabeza de un movimiento usurpador del gobierno, el líder o jefe de una dictadura.

Noten que agrega la Corte Suprema un fundamento jurisprudencial: “Don Cristóbal Moreno Postigo, tutor testamentario de los menores hijos de don Ricardo Matia, sobre remoción de tutela” (Fallos : tomo 148, págs. 303 a 307). Pero aquí también se equivoca la CSJN: conforme al precedente, el recurrente sostenía la invalidez de una sentencia dictada por un juez local de San Juan después que se declarara intervenida esa provincia. La Corte rechazó la queja diciendo que mientras la intervención no removiese total o parcialmente a los jueces los actos otorgados por ellos tienen plena validez porque razones de policía y de protección de público e individuos que podrían ser afectados exigen darle validez a los actos de personas “que se hallen en aparente posesión de sus poderes y funciones” (Y cita a Constantineau). Pero, como fácilmente se advierte, este era un caso en que sí se desconocía la validez del acto de un “funcionario” –más allá “del vicio o deficiencia en el nombramiento o su elección, por razones de policía y necesidad”- se debía, pues, defender por los jueces la seguridad de los derechos. Más en la acordada que se examina no se daba un conflicto similar ni nadie había cuestionado el título de Uriburu… Aquí, además, la Corte, yendo más allá de Constantineau, sin tener un caso concreto, formula una declaración para el futuro, cuando no se podrá ya discutir ni la validez de los “actos de los “funcionarios de facto” ni el “título” del “gobierno de facto”).

"Que, el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es, pues, un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social".

(Aquí la CSJN cierra el debate, reconoce la validez de los actos de la dictadura. En forma elíptica en lo argumentativo, pero terriblemente directa en lo fáctico/jurídico la Corte autoimpuso e impuso a la ciudadanía “la imposibilidad de discutir la validez del título del gobierno de hecho, reforzando así su reconocimiento”)

"Que ello no obstante, si normalizada la situación, en el desenvolvimiento de la acción del gobierno de facto, los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías individuales o las de la propiedad u otras de las aseguradas por la Constitución, la Administración de Justicia encargada de hacer cumplir ésta las restablecería en las mismas condiciones y con el mismo alcance que lo habría hecho con el Poder Ejecutivo de derecho".

(¿Se imaginan la cantidad de fallos en contra de Uriburu que sacó la Corte…?)

"Y esta última conclusión, impuesta por la propia organización del Poder Judicial, se halla confirmada en el caso por las declaraciones del gobierno provisional, que al asumir el cargo se ha apresurado a prestar el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes fundamentales de la Nación, decisión que comporta la consecuencia de hallarse dispuesto a prestar el auxilio de la fuerza de que dispone para obtener el cumplimiento de las sentencias judiciales".

(Nuevamente, más como un oráculo que como jueces, la Corte da por sentado hechos e intenciones por la sola mención de ellos o los actos formales de los golpistas…)

"En mérito de estas consideraciones, el Tribunal resolvió acusar recibo al gobierno provisional, en el día, de la comunicación de referencia mediante el envío de la nota acordada, ordenando se publicase y registrase en el libro correspondiente, firmando por ante mí de que doy fe". (siguen las firmas de los jueces nombrados en el encabezamiento y la del secretario Raúl Jiménez Videla)".

(Ahora… la CSJN resuelve fuera de causa y caso, ¿motivado en qué saca esta acordada? ¿Cuál es la ratio y causa jurídica? No se menciona… “tomar en consideración la comunicación dirigida por el señor Presidente del Poder Ejecutivo Provisional” dice el encabezado de la Acordada, ¿y eso qué es? En lo estrictamente jurídico constitucional el resolutivo se escapa del límite fijado por el art. 100 (Art. 116 actual) de la Constitución Nacional para la competencia judicial de la CSJN. Lo más llamativo de todo, pero que no podía ser de otra manera, la Acordada de la CSJN no se fundamenta en ninguna norma constitucional).

Unas conclusiones sobre el Golpe y la Acordada

En lo político, el golpe a Yrigoyen fue la primera dictadura militar del siglo XX, la inicial experiencia de quiebre del orden democrático que tendrá toda una larga serie de noches negras que se extenderán hasta 1983, luego de las más criminal dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976.

El golpe de Estado de 1930, como casi todos en nuestra historia, fue para facilitar el retorno al poder de las fuerzas conservadoras y oligárquicas que fueron desplazadas del gobierno por el ascenso de la Radicalismo histórico en 1916. Esa fue una constante de todos los golpes, y este episodio en especial fue el inicio de un camino que marco varias generaciones políticas. El golpe dio comienzo a la denominada “Década Infame”, símbolo del fraude electoral y la entrega de la economía del país a los ingleses. Un país para pocos se imponía así, con las armas y en contra de las urnas.

El presidente de facto José Félix Uriburu rodeado de mujeres de la calse alta en la Casa Rosada. 8/9/30

Pero también fue muy grave el precedente de la Corte Suprema. Es complejo hacer historia contra fáctica en un hecho judicial como este. Pero son muchos los historiadores del Derecho que analizan que pudieron existir otras respuestas al hecho consumado del golpe. La Corte pudo obviar sentar una posición jurídica sobre la validez del gobierno, al menos en lo puntual ab initio. Pudo obviar sentar postura ante la posible ausencia de “caso concreto” según los stands de la época, pudo o alegar que existía falta de representatividad “en el firmante de la comunicación”. Pudo tal vez hacer lo más lógico, y que era doctrina de la propia Corte, y alegar que era una cuestión política no justiciable, como venía sosteniendo desde “Cullen c/Llerena”. 

También quedaban caminos más dignos, como renunciar a sus cargos en la Corte Suprema. Pero nada de esto pasó. La Corte Suprema, seguramente presionada por los golpistas (lo cual nada justifica) hizo lo peor que podía hacer. La Corte reconoció expresamente e integralmente al gobierno de facto y la validez de todos los actos de sus funcionarios. A partir de allí, la Corte creó la doctrina por la cual la Constitución pasó a ser una norma que rige mientras no existan dictaduras o no se produzcan Golpes de Estado. Y eso si se cumplió en varias ocasiones en el siglo XX.

El Congreso de Tucumán y las dos declaraciones de independencia, la política (1816) y la económica (1947)

 

Acta de Independencia.

La Historia oficial, la escrita por Mitre y Cía., repetida por más de un siglo por el aparato cultural del sistema, enseñó durante generaciones un relato simplificado de nuestra independencia nacional. Lo hizo con una visión despolitizada de la Revolución de Mayo, impregnada de liberalismo económico pro británico donde el rol del pueblo no tuvo lugar. Luego trazó un relato sintético, hasta el extremo, de la Declaración de la Independencia firmada en Tucumán en 1816, que impide ver los matices y tensiones políticas del momento histórico, como también no reflejó las distintas expresiones políticas y sociales que existían en aquel período.

Pero la independencia no fue un hecho irreversible y completo. Luego de Tucumán, durante décadas nuestro país se desangró en guerras civiles y, por la fuerza de las armas y el poder económico, las políticas de la dependencia se impusieron en la Nación y los proyectos emancipatorios fueron derrotados. A la independencia política se le impuso una dependencia económica. 

Más de 130 años después, en otro hecho histórico, el 9 de julio de 1947 se promulgó en la misma Casa histórica de Tucumán -donde se había declarado en 1816 la Independencia Política- el Acta de la Independencia Económica. Esta declaración es uno de los actos más trascendentes del gobierno peronista. Reflejó la consolidación de la independencia nacional de los poderes fácticos mundiales, en un país sin ligaduras con el capital internacional, desendeudado, con una naciente y creciente industria nacional abasteciendo al mercado interno en expansión y con los principales resortes económicos estratégicos regulados o controlados por el Estado. Todo esto en un marco de ampliación de derechos humanos e inclusión social sin precedentes. Era la patria del pleno empleo y del Estado de Bienestar.

¿Qué vigencia tiene el 9 de julio de 1816 hoy? ¿O la declaración de Perón en 1947? En pleno siglo XXI, con gobiernos neoliberales que han significado la pérdida del poder adquisitivo del salario real, la desindustrialización y el empobrecimiento colectivo, implementando una agenda de apertura económica muy amplia y un endeudamiento externo más gravoso aún que el que implementó la última dictadura genocida, es necesario repensar que la independencia, y en especial la económica, tiene una relevancia sustancial y son parte inherente al proyecto nacional. 

Los desafíos de hoy encuentran rápidamente un paralelismo con los postulados de la Independencia Económica de Perón de 1947 que en definitiva no es otra cosa que la vocación de independencia que tuvieron aquellos hombres y mujeres en 1816.

Escribe: Dr. A. Gonzalo García Garro

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El Congreso de Tucumán y la Historia

La Historia oficial, la escrita por Mitre y repetida hasta el hartazgo por el aparato cultural del sistema (ese que desnudó con genialidad Arturo Jauretche), enseñó durante generaciones un relato simplificado de nuestra independencia nacional.

Lo hizo primero con una visión despolitizada de la Revolución de Mayo, impregnada de liberalismo económico pro británico donde el rol del pueblo y los proyectos que defendían nuestra identidad no tuvieron lugar.

Luego, trazó un relato sintético, hasta el extremo, de la Declaración de la Independencia firmada en Tucumán en 1816, que impide ver los matices y tensiones políticas del momento histórico, como también no refleja las distintas expresiones políticas y sociales que existían en aquel período.

La independencia, entre Artigas y San Martín

Para comprender este periodo histórico debemos resaltar que el cauce nacional, revolucionario y democrático abierto por la Revolución de Mayo tuvo hitos fundamentales en ciclos históricos bien definidos.

La revolución comienza con el ciclo morenista, compuesto por la obra política de Mariano Moreno como secretario de la Junta del gobierno patrio y la impronta revolucionaria que le puso al gobierno. Este incluye el período de mayo a diciembre de 1810, en que teórica y prácticamente Moreno conduce la política de la Primera Junta.

Pero luego, durante toda la década que va desde la revolución hasta 1820, hay dos caminos centrales de la política popular de nuestra nación que marcaron la historia.

1) El primero de ellos es el “ciclo artiguista”, que contiene la actuación revolucionaria de José Artigas y los caudillos federales de la Liga de los Pueblos Libres. Periodo éste que se extendió desde febrero de 1811, en que Artigas se suma a la causa patriota hasta la derrota de Artigas, de Ramírez y el proyecto que con ellos nació, con hechos fundamentales como la obra del artiguismo y la derrota porteña en Cepeda, encabezada por Ramírez y López.

2) El segundo de ellos fue la gesta libertadora de San Martín. Comenzó durante su gobernación en la provincia de Mendoza (1815), que desobedeciendo las órdenes del Directorio porteño es elegido gobernador por el voto popular. Realizando en la región de Cuyo una obra tan revolucionaria como “desconocida” y negada por el esquema de la historia oficial. San Martín fue el militar genial que liberó Hispanoamérica. Comenzando por nuestra patria, pasando por Chile y Perú y culminando en un abrazo latinoamericano con Bolivar en Guayaquil. A la obra de San Martín debemos añadir otras enormes figuras como Manuel Belgrano o Martín Miguel de Güemes.

En el medio de la lucha de Artigas y San Martín, se realiza el Congreso de Tucumán donde se declara nuestra independencia.

El Congreso de Tucumán

El 24 de marzo de 1816 fue finalmente inaugurado el Congreso en Tucumán, que en realidad era la realización de un Congreso ya convocado un año atrás, en continuidad de todos los intentos para realizar una Convención Constituyente para organizar la Nación.

El porteño Pedro Medrano fue su presidente provisional y los diputados presentes juraron defender la integridad territorial de las Provincias Unidas. Entre tanto, el gobierno no podía resolver los problemas planteados: la propuesta alternativa de Artigas, los planes de San Martín para reconquistar Chile y Perú, los conflictos con Güemes y la invasión portuguesa a la Banda Oriental, entre otros.

Luego de una dilatada serie de reuniones, cambios políticos y presiones que detalladamente, menciona José María Rosa en el Tomo III de su "Historia Argentina", que el 9 de julio de 1816 se resolvió considerar como primer punto el tema de la libertad e independencia de las Provincias Unidas. Los diputados no tardaron en ponerse de pie y aclamar la Independencia de las Provincias Unidas de la América del Sud de la dominación de los reyes de España y su metrópoli.

Un Congreso incompleto

Destaca Norberto Galasso, en su reciente libro “Historia de la Argentina. Desde los pueblos originarios hasta el tiempo de los Kirchner” (2 extensos tomos) que la composición del Congreso de Tucumán no se corresponde, como ingenuamente creíamos cuando éramos alumnos escolares, con la representación de las provincias que actualmente integran la República Argentina. En Tucumán deliberaron diputados de regiones que no pertenecen hoy a la Argentina y, a su vez, no están representadas varias que son hoy importantes provincias de nuestra República.

En el primer caso, se hallan Charcas, Mizque, Chichas, la Plata y Cochabamba, provincias por entonces altoperuanas que hoy integran Bolivia. En el segundo, no solo se estaban ausentes aquellas habitadas en esa época por comunidades mapuches, tehuelches, matacos, tobas, etc., como son las patagónicas y las del nordeste chaqueño, sino, ademes, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y la por entonces Banda Oriental, que era parta de las Provincias Unidas. Tampoco asistirían diputados de Paraguay que fueron invitados.

Es importante marcar que la conducción política del congreso de Tucumán, como las figuras emergentes de él fueron hombres de estrechos lazos con la política del puerto de Buenos Aires. Algunas de las posturas debatidas y que fueron encarnadas por políticos presentes tenían que ver con la instauración de la monarquía como sistema político y con la entrega de la soberanía nacional como definición de fondo. Esto también fue discretamente silenciando u ocultado por la historia oficial escrita desde el puerto de Bs. As. Es por esto también que, en buena medida, es llamativa la singular relevancia que la historia oficial le otorga a estos hechos y a determinados personajes.

Entre Ríos y la Liga de los Pueblos Libres no asisten a Tucumán

Nuestra provincia, formaba parte de la denominada Liga de los Pueblos Libres que en defensa del federalismo había proclamado la independencia un año antes -1815-, en el denominado Congreso de Oriente desarrollado en Concepción del Uruguay (Arroyo de la China por entonces).  

Mientras Artigas, Pancho Ramírez y sus montoneras resistían esa lucha despareja que libraban contra portugueses en la Banda Oriental y porteños en nuestras tierras, se reúne el Congreso en Tucumán. Como vimos, los delegados de las provincias artiguistas (Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes y la Banda Oriental) no asisten ya que exigían el previo “reconocimiento de la soberanía particular de los pueblos” y una clara posición ante la invasión portuguesa. Pueyrredón y su partido porteño, que por entonces manejaban la política del Congreso, fueron indiferentes ante el reclamo contemplan impasibles cómo el enemigo histórico se va instalando en la Banda Oriental.

Es más, el Directorio envía entre los años 1816 y 1819 tres expediciones armadas contra Entre Ríos y dos contra Santa Fe, con la intención no declarada de realizar un movimiento de pinzas con los portugueses. Pero en Santa Fe estaba López, Ramírez en Entre Ríos y ambos jefes logran rechazar invariablemente a las tropas directoriales.

La Liga de los Pueblos libres no sólo no compartía algunas cuestiones vinculadas al manejo político del Congreso de Tucumán. Durante prolongados períodos se encontraba en una situación de guerra civil con la política del puerto de Buenos Aires.

Pero en algo compartían su punto de vista: En la necesidad de la independencia nacional de toda dominación extranjera.

El rol central de San Martín, Belgrano y Güemes

Nos cuenta el maestro Fermín Chávez, en su libro “Historia del País de los Argentinos” (un libro muy ameno y de fácil lectura, de casi 350 páginas, que humildemente creo que les jóvenes deberían leer para comprender la historia del siglo XIX), que el Congreso de Tucumán fue literalmente “apurado” por San Martín para que declarara la independencia.

El padre de la Patria estaba preparando su gesta libertadora pero no perdía de vista el contexto político e impuso su peso para desbalancear las relaciones de fuerza en el Congreso y hacer realidad la independencia, que fue negada en Mayo de 1810 y en la Asamblea del año 1813.

El Congreso se pudo llevar a cabo en el marco de una mínima seguridad en las provincias, provista por la victoria de San Martín en la batalla de San Lorenzo y por la presencia de las tropas del Norte y de Cuyo reorganizadas por él. Para la Declaración de Independencia, San Martín se impuso militarmente a los españoles y políticamente a aquellos sectores vinculados a la élite de Buenos Aires que ya estaban negociando, tanto con España como con Inglaterra, la dependencia argentina. Sólo desacatándose del gobierno porteño, pudo realizar San Martín la Campaña de Chile y Perú y lograr la definitiva independencia.

También la figura de Belgrano presionó para llegar a la declaración de independencia. Lo hizo en una reunión secreta con los diputados del Congreso.

El caudillo salteño Miguel de Güemes desistió de las ambiciones de su provincia que quería colocar el Director del gobierno nacional en aras de la unidad del congreso y de avanzar en plan de liberación. 

Artigas y la Liga, con posiciones revolucionarias e intransigentes, también condicionaron el clima de la época y fortalecieron la ruptura definitiva con la dominación extranjera. 

Sin la obra de todos estos actores, resultaría imposible pensar los resultados finales del Congreso de Tucumán. Todos, despojados de sus intereses sectoriales priorizaron el proyecto del conjunto, el proyecto de independencia nacional.

Luego de la declaración de 1816

Pero el Congreso de Tucumán no resolvería todos los problemas. Jorge Abelardo Ramos, en su genial “Revolución y Contrarrevolución en la Argentina”, detalla que “ni la Asamblea del año XIII ni el Congreso de 1816 habían resuelto el problema cardinal: la cuestión del puerto, la aduana y el crédito público”. Lo que estaba en disputa era el poder político y económico. Si dominaban los intereses de la oligarquía porteña o si primaba el proyecto de la patria grande, de Artigas, San Martín y los caudillos federales.

Después del Congreso de Tucumán se desató una guerra civil que, en forma intermitente pero lineal, envolvió la política nacional durante casi 60 años de historia, derramando sangre por todos los rincones de la patria. Unitarios contra federales, el puerto contra el interior, pro británicos y pro imperialistas contra quienes defendían la soberanía nacional.

Artigas, Ramírez y López contra el Directorio Porteño, el asesinato de Dorrego, Rosas contra la invasión anglo francesa en la Vuelta de Obligado, la Batalla de Caseros, Mitre y la batalla de Pavón, el exterminio del gaucho y las montoneras federales, la guerra de la Triple Infamia contra el Paraguay son postales de las descarnadas guerras civiles. Algunas gloriosas victorias, otras, la mayoría, lamentables derrotas de la causa popular.

Y en ese idea y vuelta, los proyectos populares fueron derrotados, y sobre el cuerpo lacerado del federalismo se construyó una República sometida política y culturalmente y en lo económico dependendiente. El sueño de 1816 quedó trunco. 

9 de julio de 1947: la Independencia Económica de Perón

Creo oportuno venir más acá en el tiempo y rescatar un hecho que otorga sentido general al homenaje a la Declaración de nuestra independencia y al mismo tiempo nos muestra la real dimensión de la política nacional del peronismo como proceso histórico que hizo posible, en un breve periodo, la independencia política y económica real de nuestra Nación.

Juan D. Perón en Tucumán, el 9 de julio de 1947.

En el mismo lugar que se concretara la Independencia Política del país, en Tucumán, y como una prueba del espíritu que anima la política económica del gobierno peronista, 131 años después, en 1947, todos los integrantes de su gobierno, reunidos con el presidente General Juan Perón, declaran la Independencia Económica de la Argentina.Con Perón, la Nación alcanza un estatus de libertad económica y política sin precedentes, que cristalizó institucionalmente en esta declaración.

Ya lo había adelantado Perón al presentar el Primer Plan Quinquenal: “Aspiramos a una liberación absoluta de todo colonialismo económico, que rescate al país de la dependencia de las finanzas foráneas. Sin bases económicas no puede haber bienestar social: es necesario crear esas bases económicas”...“Para ello es menester ir ya estableciendo el mejor ciclo económico dentro de la nación, y a eso también tiende nuestro Plan. Debemos producir el doble y a eso multiplicarlo por cuatro, mediante una buena industrialización -es decir, enriqueciendo la producción por la industria-, distribuir equitativamente esa riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras poblaciones”, sostenía Perón.

El 9 de julio de 1947, con gran despliegue oficial, se promulgó en la misma Casa histórica de Tucumán donde se había declarado en 1816 la Independencia Política, el Acta de la Independencia Económica. 

Esta declaración es uno de los hechos más trascendentes del gobierno peronista. Reflejó la consolidación de la independencia nacional de los poderes fácticos mundiales, en un país sin ligaduras con el capital internacional, desendeudado, con una naciente y creciente industria nacional abasteciendo al mercado interno en expansión y con los principales resortes económicos estratégicos regulados o controlados por el Estado. Todo esto en un marco de ampliación de derechos humanos e inclusión social sin precedentes. Era la patria del pleno empleo y del Estado de Bienestar.

El acta de Independencia de 1947.

En aquella declaración, Perón habla de “reafirman la voluntad de ser económicamente libres, como hace ciento treinta y un años proclamaron ser políticamente independientes”. O sea, luego de la independencia política de 1816, el peronismo construyó la independencia económica del país.

La de Perón fue la etapa siguiente a la de 1816, la que fue frustrada por las guerras civiles y el triunfo de la política de las armas de la oligarquía porteña y el imperialismo.

Perón hablaba de:

- Reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio, bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de los que en el país pudieran estar a ellos vinculados.

- Romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país y recuperar los derechos al gobierno propio de las fuentes económicas nacionales.

- La voluntad de ser económicamente libres, como hace ciento treinta y un años proclamaron ser políticamente independientes.

- Las fuerzas de la producción e industrialización tienen ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser superados por la acción y trabajo del pueblo de la República.

Los eslabones de nuestra línea histórica  

Mirar en retrospectiva el 9 de julio nos permite comprender las claves de nuestro presente. También encontrar un hilo conductor entre las luchas de ayer y las que hoy tenemos. Haciendo un ejercicio de memoria histórica comprendemos que existe una línea histórica que enlaza los proyectos nacionales en la Argentina, de la cual los peronistas y hombres y mujeres del campo popular formamos parte en forma inseparable.

Al igual que las guerras civiles que sobrevinieron al Congreso de Tucumán, el gobierno de Juan Perón sufrió un Golpe de Estado en los que los genocidas no dudaron en asesinar, torturar y violar todos los derechos humanos, tanto en 1955 como en 1976.

Mirando hacia atrás comprendemos que la claridad y la pasión revolucionaria de Mariano Moreno y Belgrano, se unen al Federalismo de Artigas, Ramírez y López, a la gesta emancipadora de San Martín, a la declaración de Independencia y a los caudillos federales. Y así, pasando por una dilatada colección de patriotas como Dorrego, Juan Manuel de Rosas, las últimas montoneras de López Jordán y Felipe Varela, el Mariscal Solano López del Paraguay, Yrigoyen, Jauretche, Scalabrini Ortiz, etc., llegamos a Juan y Eva Perón y más acá en el tiempo a la Resistencia Peronista, al 73, a Néstor Kirchner y nuestro presente.

La vigencia del 9 de Julio

¿Qué vigencia tiene el 9 de julio de 1816? ¿O la declaración de Perón en 1947? En pleno siglo XXI, en un presente signado por la gestin de Macri y por la caída del empleo, del salario real, la desindustrialización y el empobrecimiento colectivo, en donde se llevó adelante una agenda de apertura económica muy amplia con acuerdos con la Unión Europea e incluso explora relanzar un acuerdo de libre comercio con EEUU al estilo ALCA. Lo que se suma al legado del FMI como un tutelaje político en función de los acuerdos de asistencia financiera que el gobierno de Cambiemos firmó con este organismo. En este marco, repensar la independencia, y en especial la económica, tiene una relevancia sustancial.

Los desafíos de hoy encuentran rápidamente un paralelismo con los postulados de la Independencia Económica de Perón de 1947 que en definitiva no es otra que la vocación de independencia que tuvieron aquellos hombres en 1816.