Sobre la Reforma Constitucional de Jujuy y la represión del gobierno de Gerardo Morales

Repudiamos la feroz represión del gobierno de Gerardo Morales al pueblo de Jujuy. A 40 años del reinicio de la Democracia en el país rechazamos en todo concepto la violación de los DDHH del pueblo de la provincia hermana y el cercenamiento del derecho de libertad de expresión y el derecho de protesta social.

Este ensayo de prácticas autoritarias del gobierno provincial de la UCR representa un accionar de enorme peligrosidad que aspirar a servir de muestra de una futura política del gobierno nacional de Juntos por el Cambio que es de fuerte ajuste económico, precarización laboral y perdida de derechos, la que solo cierra políticamente con represión a la protesta social.

La violación manifiesta a los DDHH en Jujuy ya es motivo de repudio en el plano internacional. Se han manifestado con enorme preocupación, rechazando los episodios acaecidos, desde ong´s internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, al igual que organismos gubernamentales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nos sumamos a la enorme cantidad de voces que llaman al cese de la violencia institucional del Estado provincial jujeño.

Sobre la reforma de la Constitución de Jujuy entendemos que, en los puntos conflictivos, es un engendro regresivo en materia de derechos, manifiestamente inconstitucional. Se pretende limitar derechos humanos con jerarquía constitucional, tanto por la inclusión en carta magna argentina como por la incorporación constitucional mediante el art. 75 inc. 22 de la Constitución Argentina, con disposiciones provinciales que están en directa contradicción.

En este sentido, las limitaciones a los cortes de ruta o reglamentaciones al derecho de libertad de expresión o el derecho a protesta son groseramente inconstitucionales e incluso inconvencionales, ya que violan también el sistema protectorio de DDHH establecido por el Pacto de San José de Costa Rica. Se pretende sancionar conductas que son derechos institucionalizados en la Argentina como el derecho a la protesta y de huelga.

Otro factor de sustancial retroceso en materia de DDHH fueron las reformas que se pretendieron incorporar relativa a los pueblos originarios. Las disposiciones que aspiraban a someter el reconocimiento y su rol a las autoridades del gobierno de Morales eran también inconstitucionales, de una arbitrariedad manifiesta, que nos remonta a ordenamientos jurídicos primitivos e inviables en una democracia plena. En una medida que demuestra el personalismo de este proceso, el gobernador ordenó que dos artículos de la reforma se saquen por el inocultable rechazo social que generaban.

Pero aún subsiste una norma polémica relativa a las tierras fiscales que colisiona con los derechos de los pueblos originarios de Jujuy. Detrás de estas iniciativas se hace evidente que se encuentra una intención de centralizar el manejo de la explotación del litio con pautas ajenas a la preservación del derecho al ambiente, violatorias de los derechos de comunidades originarias y carentes de criterios democráticos, y por en un desprecio manifiesto al cuidado y protección de los recursos naturales y de la soberanía política y económica de la Argentina.

El gobernador de la UCR y de Juntos por el Cambio impulsó y aprobó su reforma constitucional a espaldas del pueblo y ante la protesta social avanzó con una represión feroz. Pero el malestar social viene de antes y se vincula, entre muchos abusos autoritarios del gobierno provincial, con los salarios indignos que paga la gestión jujeña a miles de trabajadores y trabajadoras, y con la criminalización y persecución política de los dirigentes sociales y sindicales de la provincia, queriendo aleccionar al pueblo de la peor manera. Morales también realizó practicas anti republicanas copando y cooptando la Justica provincial con actores políticos, familiares y personas de su confianza personal en los cargos más importantes.

Gerardo Morales es la misma la derecha que vivimos en esta provincia con Sergio Montiel, la que criminalizó la protesta social en el medio de la peor crisis social y política que vivió nuestra provincia desde el retorno de la democracia, la que nos dejó pobreza y bonos federales y el trágico e inolvidable recuerdo de tres muertos en los días negros de diciembre de 2001 en Paraná.

Si la agenda de Juntos por el Cambio es atacar la Constitución Nacional y violar los Derechos Humanos debemos expresarnos en repudio a su accionar y en favor de una sociedad más justa, democrática y con plena vigencia de los DDHH.

Documento del Ateneo Arturo Sampay de Entre Ríos

Notas al pie sobre DDHH y Peronismo, a propósito de las lamentables declaraciones de Darío Lopérfido

Darío Lopérfido

1. Si bien esta persona es ajena a mi vida cotidiana, creo importante referirme a algunos argumentos políticos e históricos que de modo a veces explícitos y otras implícitos están sobrevolando el debate político del momento. Honesta y humildemente, de modo muy sintético, quiero expresar mi profundo desagrado por las declaraciones Darío Lopérfido (actual funcionario de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ex funcionario de De la Rúa) acerca de los desaparecidos en Argentina. Lopérfido dijo: "No tengo inconveniente en decirlo, en la Argentina no hubo 30 mil desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios que te daban. Esto es lo que se alimentó en el último tiempo desde un sector". (Ver: http://www.perfil.com/politica/El-tenso-cruce-entre-Dario-Loperfido-y-Edi-Zunino-por-los-desaparecidos--20160127-0035.html).

Más allá de las lecturas políticas y partidarias, al igual que el contexto que vivimos, de intenso debate entre algunos referentes del gobierno nacional actual con el que se fue el 11 de diciembre pasado, creo que el razonamiento es tan absurdo como peligroso. Carece de sentido cuantificar en forma tan banal el horror de la dictadura militar, como si asesinar 6.000, 8.000, 12.000 seres humanos no fuera por el sólo hecho una calamidad que atenta contra la esencia de la condición humana, el cual no depende de discutir en términos contables. Nadie puede creer en su sano juicio que sea menos genocida y aberrante una dictadura porque mató unos miles de personas más o unos miles de personas menos. Es una dictadura, es genocida. 

Hacer hincapié en discutir cuantos argentinos fueron torturados, asesinados y desparecidos como si se tratare de una búsqueda de archivo, al igual que investigar y denunciar a quienes fueron los supuestos "creadores" de una mentira social (que consistiría en decir que hubo miles de asesinados por la dictadura pero decidieron decir que fueron algunos miles más) con igual énfasis que en repudiar la violación sistemática de DD HH por una dictadura militar que asumió el poder mediante un Golpe de Estado puede igualar situaciones y hechos que nada tienen que ver, que son incomparables. 

Una lógica de "dos demonios" resulta inaceptable a la luz de la verdad histórica cuando nos referimos a la última dictadura. Comparto que se debe discutir, que hay mucho por decir y que resulta inadmisible el dogmatismo y la intolerancia, sea la postura que se defienda, mucho más cuando hablamos de la última dictadura, ya que sobre este tema la Argentina requiere de un relato compartido que nos una como sociedad, y el mismo debe partir del rechazo categórico al Terrorismo de Estado, a la violaciones a los DD HH y el repudio a los Crímenes de Lesa Humanidad. 

Esta pretensión de meter ejes de debates absurdos, con una pretendida originalidad argumentativa, puede ser sólo funcional a posiciones anti democráticas, que pretenden justificar el terrorismo de Estado y la violación de los Derechos Humanos y muy lejos está de hacer aportes constructivos al debate político del presente.

2. Del mismo modo me parecen repudiables las declaraciones de Lopérfido sobre el peronismo, sobre el cual dijo: "La Argentina tiene un factor de distorsión que es el peronismo, que no es una fuerza que surge democráticamente, sino que surge de un golpe de Estado, en el mundo en ese momento pasaban una cantidad de cosas similares al peronismo, porque era muy parecido al fascismo italiano, al nazismo alemán sin matar judíos pero con la idea del líder dominante".

Esta zoncera descalificante, a la cual el propio Don Arturo Jauretche dedicó varias páginas, no es otra cosa que el agravio más rancio y antipopular del liberalismo oligarca contra peronismo, apenas un poco maquillada por Lopérfido. Es trillada y pretende denostar al peronismo calificándolo de nazi y fascista, desmereciendo el apoyo de los sectores populares al mismo, atribuyendo el rotundo plebiscito popular del peronismo en estrategias totalitarias y demagogas de Perón (que en buena medida no es otra cosa para el caso argentino que tratar de estúpida a la gente). El deslizar comparaciones y similitudes de Perón con el nazismo o el fascismo hoy es muy reaccionario, ofensivo, además de demodé (algo casi igual a Lopérfido decían los principales dirigentes de la Revolución Libertadora luego de perpetrar su infame golpe de Estado en 1955). No es sólo una falta de respeto para millones de peronistas, sino una agresión a toda la democracia y el sistema político del cual el peronismo es una parte central. 

Es triste ver como la falta de ideas (o la lógica adversarial que lleva a extremos sin sentido) en un escenario de debate lleva a algunos actores del sistema político a retornar a argumentaciones de un pasado que debemos dejar atrás como sociedad, donde la intolerancia hacia el que piensa distinto termina construyendo antagonismos que no son compatibles con la idea de democracia y pluralismo que el siglo XXI nos demanda.

3. No digo que Lopérfido sea un mal ser humano, ni siquiera lo acuso de ser antidemocrático. Simplemente creo que sus argumentos y planteos políticos e históricos (al menos estos que desarrolla ahora y aquí critico) nos atrasan como sociedad y lejos de cerrar “la grieta”, que su gobierno dice querer cerrar, la profundiza de la peor manera.

Repudio a la detención de Milagro Sala y a la criminalización de la protesta social

Milagro Sala detenida.

Deseo expresar mi enérgico repudio a la detención de Milagro Sala efectuada por la Justicia de la provincia Jujuy, del mismo modo que repudio los argumentos vertidos por el gobernador Morales justificando la detención.

Resulta políticamente absurda y contraria a derecho la detención de Sala en base a "acumulación de causas", al igual que por lo esgrimido por el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, quien denunció a Sala por los delitos de instigación a cometer ilícitos y alzarse contra los actos de gobierno (artículos 209 y 230 inciso 2 del Código Penal), en respuesta al acampe llevado adelante por la organización social Tupac Amaru en la en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. Sólo en base a esto, por pedido de la fiscal Liliana Fernández, el juez de feria Raúl Gutiérrez la acusó por los delitos de instigación a cometer ilícitos y alzarse contra los actos de gobierno del radical Gerardo Morales.

No pretendo aquí defender a la Tupac Amaru o a la propia Milagro Sala de las acusaciones en su contra, ni de sus actividades políticas y sociales, creo que ni siquiera viene al caso ni tiene sentido en este momento ante la gravedad de la detención arbitraria. En plena democracia, en orden de las reglas del Estado de Derecho y la plena vigencia de las garantías constitucionales nada puede justificar una detención sin motivos, que evidentemente sólo constituye una persecución de carácter político.

La absurdidad y arbitrariedad de la detención de Sala se hace evidente cuando el fiscal de Estado jujeño argumenta que la dirigenta de la Tupac Amaru fue detenida por presunta "instigación a cometer ilícitos" y "el delito de tumulto al haberse alzado en contra de decisiones gubernamentales". ¿Dónde queda el derecho a la protesta social, piedra angular de la democracia, con la lectura que hace el gobierno jujeño? ¿Quién tiene la vara para medir cuando es un delito o no un reclamo a las autoridades? Esto es peligroso además por la vaguedad de las imputaciones penales, que puede derivar en una aplicación ilegítima del derecho penal que siempre es una practica antidemocrática.

Ahora, ¿cuál es el delito de un acampe en una plaza pública? Y si existe una violación a una normativa de cualquier índole, ¿por qué no ir por el camino adecuado y pedir la orden judicial para desalojarlos? Las razones vertidas a la prensa son de carácter político, denuncias sobre otros temas que nada tienen que ver con argumentos para justificar la detención puntual aquí repudiada. Todas las respuestas parecen traslucir la idea de un "delito" inventado.

La persecución política resulta inadmisible en este tiempo histórico. Es la criminalización de la protesta social, la negación del derecho al disenso y la obliteración de una parte sustancial de la política. Es, en esencia, algo muy peligroso para la democracia argentina.

Si Milagro Sala tiene que dar respuesta a la Justicia por malversación de fondos públicos, extorsión, prácticas clientelares ilícitas o cualquiera de las tantas denuncias que por la prensa sabemos que le han hecho, lo correcto es que lo haga en un proceso judicial que garantice sus derechos constitucionales, que sea transparente e imparcial. Pero ni siquiera existen procesos penales avanzados, no existe ninguna sentencia en su contra. Nada, en el marco actual, justifica detenerla, por cualquier motivo que sea, mucho menos porque sea una dirigenta opositora al gobernador de su provincia.

Gerardo Morales fue uno de los dirigentes de una oposición que se rasgó las vestiduras en defensa de la pluralidad y la tolerancia repudiando la persecución política que le endilgaban a Cristina F. de Kirchner y se indignaban en nombre del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela por la detención de opositores. Ahora, contradictoriamente, parece implementar las políticas que tanto criticaba. Pero el problema no es la incoherencia de un político, el problema aquí es la violación de garantías constitucionales que hacen a la esencia y la integridad del ser humano, lo grave aquí es la criminalización de la protesta social.